El fiscal general de EEUU justifica el espionaje a AP por la gravedad de la filtración

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha salido al paso del caso de los pinchazos telefónicos a periodistas de la agencia AP por parte del departamento de Justicia. Holder ha justificado el espionaje por la gravedad de la filtración que su departamento estaba investigando. "Era una filtración muy seria; muy, muy seria", insistió Holder en una rueda de prensa en la que precisó, no obstante, que él se separó de la investigación desde el principio, para no incurrir en ningún potencial conflicto de intereses, dado que él mismo había sido interrogado previamente por el FBI a propósito de AP.

"Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto", que "puso en peligro la vida de estadounidenses" y que requería "una acción muy agresiva" para tratar de descubrir al responsable del soplo, aseguró el secretario de Estado. Según varios medios, la filtración tiene relación con un atentado que preparaba Al Qaeda en un avión con destino a EEUU y que la CIA frustró el año pasado en Yemen. Un artículo de AP publicado la primavera pasada informó de los detalles de la operación, pero la agencia ha asegurado que hizo pública la información cuando sus fuentes le aseguraron que ya no había peligro para la seguridad del país.

Holder aseguró que desconocía los detalles de la investigación, que fue llevada a cabo por el FBI bajo la dirección del fiscal federal del Distrito de Columbia, y con la supervisión del fiscal general adjunto, James M. Cole. El requerimiento para obtener las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas de AP fue decidido por Cole, "en conformidad con los reglamentos y políticas del Departamento de Justicia", ha explicado Holder, que ha defendido que se respetó la ley en todo momento.

Un centenar de periodistas espiados

Sin embargo, la acción de la Administración de Barack Obama ha levantado una enorme polémica en EEUU porque fue llevada a cabo en secreto, sin dar a la agencia investigada la oportunidad de rebatir las sospechas, y por la gran cantidad de datos recabados.

Según la agencia de noticias, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo del 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut). Centenares de periodistas utilizaron en ese tiempo esas líneas, y los investigadores se hicieron con todas las conversaciones que pudieron haber tenido con sus fuentes de información.

Las organizaciones profesionales han denunciado unánimemente el daño que esto supone para el sistema democrático, porque suprime la confidencialidad que está en la base de la investigación periodística independiente.

Libertad y secreto

Este nuevo escándalo ha puesto al Gobierno de Barack Obama aún más a la defensiva, cuando arrecia la polémica en torno a la actuación de otra agencia federal, el poderoso Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), sospechoso de haber actuado con parcialidad en el tratamiento de las declaraciones fiscales de los grupos conservadores.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se ha esforzado en resaltar que Obama es un "firme defensor" de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que consagra el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. "Les puedo decir que el presidente cree que la prensa en general tiene que tener una capacidad ilimitada para hacer periodismo de investigación", insistió Carney en una comparecencia.

Añadió, sin embargo, que Obama "también es consciente de la necesidad del secreto y de mantener la información clasificada en secreto" con el fin de "proteger" los "intereses de seguridad nacional". "Hay un delicado equilibrio aquí que debe ser alcanzado", remachó.