CON APOYO DEL CONGRESO
Brasil pone en marcha la Comisión de la Verdad
Rousseff impulsa el organismo que investigará los crímenes cometidos por la dictadura militar
Dilma Rousseff, junto a los expresidentes del país, de izquierda a derecha, Fernando Collor, Jose Sarney, Luiz Inácio 'Lula' Da Silva y Fernando Henrique Cardoso, el miércoles en Brasilia. / RS/gad
Por qué confiar en El Periódico "Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad de los hechos aquellos que perdieron a amigos y parientes y que continúan sufriendo como si muriesen de nuevo y siempre cada día". Con estas palabras, y rodeada de todos losexpresidentes de Brasil desde que recuperó la democracia, en 1985, unaemocionada Dilma Rousseff ha puesto en marcha laComisión de la Verdad que investigará, aunque no tiene atribuciones judiciales, loscrímenes cometidos por la dictadura militar (1964-85), periodo en el que desaparecieron unas 400 personas.
Rousseff, quien en 1970, cuando era guerrillera, fue detenida y torturada, aseguró que la comisión no estará guiada ni por "odio ni por revanchismo" para llevar adelante sus investigaciones.
Rodeada de expresidentes
La ceremonia de presentación oficial tuvo lugar el miércoles en la sede del poder ejecutivo. Con la presencia de los antecesores de Rousseff,Luiz Inácio Lula(2003-2010),Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),Fernando Collor de Mello (1990-92) yJosé Sarney (1985-90), actual presidente del Senado, el Gobierno intentó darle a esta iniciativa uncarácter de Estado.
La Comisión de la Verdad fue propuesta por Lula. Su funcionamiento fue aprobado meses atrás por elCongresoa pesar de numerosaspresiones militares. El organismo está compuesto por el juez Gilson Dipp, el exministro de Justicia José Carlos Dias, los abogados Rosa Maria Cardoso da Cunha ---quien defendió a Rousseff durante la dictadura-- y José Paulo Cavalcanti Filho, el exprocurador Claudio Fontelles, el sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro y la psicóloga Maria Rita Kehl.
El límite, la ley de amnistía
Tienedos años para investigar hechos como ladesaparición forzadade personas yviolaciones de derechos humanos. Su trabajo tiene un límite concreto: laley de amnistía que los militares sancionaron en 1979 y que el Tribunal Supremo ratificó hace dos años. De esta manera, Brasil se diferencia de Argentina, Chile, Paraguay y, ahora, Uruguay, que avanzaron en la investigación y el juicio a los responsables de hechos aberrantes perpetrados en los años setenta.
Durante la ceremonia, a la que fueron invitadas compañeras de cautiverio de la presidenta, se leyó un mensaje de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay. La comisión, consideró, es "un paso necesario y muy esperado en el proceso de rendir cuentas". No obstante, Pillay es una firme partidaria de la derogación de la ley de impunidad que rige en Brasil. "Esta comisión puede ser un comienzo, pero yo quiero que los torturadores sean juzgados, no acepto la amnistía", dijo Ieda Akselrud de Seixas, quien conoció a Rousseff en la cárcel.
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