A la caza del jefe de Wikileaks

Todo lo relacionado con Wikileaks y su fundador, Julian Assange, forma un complicado laberinto donde es difícil tener certeza sobre los hechos. Ayer Interpol emitió una «alerta roja» para «localizar y seguir los movimientos» de Assange. Sin embargo, no se trata de una orden de arresto tradicional. Además, no es nueva, sino que data del 20 de noviembre. Y no tiene que ver con la última filtración de más de un cuarto de millón de documentos diplomáticos de EEUU sino con las acusaciones de abuso sexual que el australiano afronta en Suecia. Además, el abogado del creador de Wikileaks, Mark Stephens, asegura que «la policía sabe dónde y cómo ponerse en contacto con el señor Assange».

Fue el día 20 cuando el cuerpo policial internacional con sede en Lyón (Francia) dictó la orden a solicitud de Suecia, pero no la reveló hasta ayer, tras recibir autorización de las autoridades de ese país. Así las cosas, los 188 países de Interpol tienen indicaciones de identificar o localizar a Assange «con vistas a su arresto provisional y extradición».

ACUERDO DE EXTRADICIÓN / Aunque la Interpol no puede ordenar el arresto de un individuo afectado por una alerta roja, muchos de los países miembros, según ha explicado la organización, sí consideran la llamada red notice vía libre para proceder a un arresto --que debe acometer el cuerpo nacional de policía-, especialmente si tienen un acuerdo bilateral de extradición, como es el caso de Suecia e Inglaterra, donde se cree que está Assange.

El movimiento ha indignado a los abogados de Assange, que ayer publicaron una carta denunciando que el fundador de Wikileaks, de 39 años, se ha mostrado dispuesto a responder por videoconferencia a las preguntas de las autoridades suecas. Recuerdan también que Assange solicitó y obtuvo permiso para salir de Suecia de la fiscal de su caso, a la que comparan con el mítico Lavrentiy Pavlovich Beria, jefe de seguridad de Stalin. «Esto parece una cacería, no una persecución legal», denuncia la misiva. Mientras el mundo lo busca -y desde Australia su madre defiende la inocencia de su hijo-- Assange sigue en paradero desconocido, pero no callado. El lunes concedió desde un lugar indeterminado una entrevista al director de la revista Time a través de Skype, una conversación en la que pidió la dimisión de la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton. «Si se puede mostrar que fue responsable de ordenar a diplomáticos estadounidenses que espiaran en la ONU violando tratados internacionales que EEUU ha firmado, debería dimitir», dijo.

Su opinión fue denostada ayer por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, que calificó de «ridícula y absurda» la petición de dimisión. «No estoy del todo seguro por qué nos debe importar la opinión de un tipo con una página web», declaró a la cadena CNN. El propio Obama ha encargado a un alto responsable de la lucha antiterrorista, Rusell Travers, para impedir nuevas fugas de documentos.

REVUELO CONSERVADOR / El intento del portavoz del presidente Barack Obama de restar importancia a Assange contrasta con opiniones que estos días proclaman políticos y comentaristas conservadores. Peter King, el congresista que a partir de enero presidirá el Comité de Seguridad Nacional en la Cámara baja, ha pedido al Departamento de Estado que estudie la posibilidad de incluir a Wikileaks en la lista de organizaciones terroristas «para intervenir y sus fondos y perseguir a cualquier que les de cualquier contribución o ayuda».

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Más lejos todavía ha ido Tom Flanagan, un asesor del presidente canadiense Stephen Harper, que ha tenido que retractarse después de decir que Assange debería «ser asesinado». «Obama debería convertirlo en objetivo y usar un avión no tripulado o algo».

Quien no se disculpó fue Mike Huckabee, ministro baptista, exgobernador de Arkansas y posible candidato a la presidencia. «Quien sea en el Gobierno el que filtró la información es culpable de traición y cualquier cosa que no sea la ejecución sería un castigo demasiado amable», declaró en la cadena Fox.