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Las relaciones entre la UE y sus vecinos del sur

El secretariado de Barcelona camina a trancas y barrancas

Los países miembros rechazan un presupuesto considerado excesivo

M.R.
BARCELONA

El secretariado de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que tiene su sede en Barcelona, fue instalado con pompa y ceremonia en el Palau de Pedralbes el pasado 4 de marzo. Desde entonces ha echado a andar a trancas y barrancas. El secretario general, el jordano Ahmed Jalaf Masadé, cuenta con el apoyo de dos diplomáticos, cedidos por Egipto y Marruecos, y con el francés Bruno Foulda, nombrado jefe de gabinete. El secretariado tiene como función identificar y coordinar los proyectos regionales que impulsaría la UpM.

Los seis vicesecretarios generales han sido designados por sus respectivos países, a los que se habían asignado carteras: el italiano Lino Cardarelli, (Financiación de Proyectos); el griego Panagiotis Roumeliotis (Energía), la maltesa Celia Attard Pirotta (Defensa Civil), el turco Mehmet Yigit Alpogan (Transportes), el israelí Ilan Chet (Investigación y Educación) y el palestino Rafiq al Husseini (Agua y Medio Ambiente). Al Husseini, que fue designado hace muy poco por la Autoridad Nacional Palestina, aún no ha asumido sus funciones, como tampoco lo ha hecho el griego Roumeliotis, que está replanteándose si se instala en Barcelona o, dada la situación de su país, sigue en su puesto en el Banco Mundial.

PRÓRROGA / Además de contar con estos cargos, la oficina de Masadé ha contratado a una secretaria jordana y cuatro administrativas españolas. De momento funciona con un presupuesto provisional de algo menos de 800.000 euros, que venció a finales de agosto y ha sido prorrogado.

En la última reunión de altos funcionarios de los 43 países de la UpM, celebrada en Dubrovnik el pasado día 19, no se aprobó ni el presupuesto del secretariado, ni el organigrama, ni el documento de directrices. Masadé había presentado un presupuesto de 14,5 millones de euros, que fue considerado excesivo. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que se quedará en seis u ocho millones de euros, de los que la Comisión Europea está dispuesta a aportar la mitad, con un límite de entre tres y cuatro millones. El resto deberá salir de los países miembros.

Algunos países cuestionan ya a Masadé, que no está teniendo un inicio fácil. Pero nadie quiere abrir de momento otra crisis por eso.