Espiada por una plaza escolar

Durante varias semanas, los movimientos de una especialista en informática y madre de familia llamada Jenny Paton, de su compañero, Tim Joyce, y de sus tres hijas pequeñas, fueron estrechamente vigilados por agentes del Ayuntamiento de Poole, en el suroeste de Inglaterra. Los funcionarios obtuvieron los detalles de sus llamadas telefónicas, controlaron los desplazamientos del coche de la pareja y siguieron, al menos en seis ocasiones, directamente a los sospechosos, mientras anotaban sus idas y venidas.

Tal despliegue de medios constituye el trato habitual que, de acuerdo con una legislación introducida en el año 2000 (la Regulation of Investigatory Powers Act, conocida con las siglas RIPA), se dispensa a presuntos criminales, estafadores, terroristas y a todo aquel que pueda suponer un peligro público.

Plazas escasas

Pero los Paton no tenían una fábrica de explosivos, ni pertenecían a una banda internacional de blanqueo de dinero. Su supuesto delito era el haber falsificado la dirección de su domicilio al solicitar un puesto escolar para una de las niñas en la escuela de primaria del barrio, donde escaseaban las plazas y los residentes tienen prioridad.

Sin que la familia lo supiera, el Departamento de Educación local siguió sus pasos durante más de tres semanas en el 2008, después de recibir un par de denuncias anónimas. Al final resultó que los Paton no habían quebrado ninguna norma y la pequeña fue admitida en el colegio. La conmoción fue enorme cuando, a la hora de discutir los trámites del ingreso, los padres descubrieron el espionaje de que habían sido objeto.

«Les habría bastado con llamar a nuestra puerta para aclarar la situación. No discuto el derecho de comprobar si los datos eran correctos, pero hay otras maneras de hacer las cosas», comentó indignada Jenny. Para su compañero, Tim, resulta «muy difícil de explicar cómo pedir una plaza en el colegio puede convertirse en una actividad delictiva». «El ayuntamiento debía gastar el dinero de mejor manera», añade.

La pareja decidió poner el asunto en manos de los tribunales y los jueces este mes le han dado la razón, en una sentencia que marca un precedente importante para frenar abusos similares. En el dictamen se condena el uso innecesario y totalmente injustificado de tan potentes sistemas de vigilancia en un caso menor. Los ediles cometieron, además, una intromisión en el derecho a la privacidad de la familia. «Es un veredicto estupendo. El comportamiento de las autoridades de Poole, sin tener en cuenta el impacto que puede tener en los niños el hecho de ponerles bajo vigilancia, ha sido muy pernicioso», señaló la demandante a la salida del tribunal. «Esperamos que nuestro caso sirva para llamar la atención sobre el mal uso que las autoridades locales están haciendo de la legislación», añadió.

Las autoridades locales en el Reino Unido han venido realizando unas 5.000 operaciones de vigilancia anuales amparándose en la RIPA. En casos precedentes, el Ayuntamiento de Poole empleó la legislación para denunciar a quienes van al puerto a pescar ilegalmente. En otros lugares la normativa ha servido para pillar a quienes no reciclan adecuadamente la basura, a quienes sacan las bolsas de desperdicios a deshora, a los dueños de perros que ladran demasiado fuerte, a quienes no recogen las caquitas de los chuchos, a los que venden fuegos artificiales sin permiso, o a los conductores de taxis que circulan ilegalmente.

La organización Liberty ha protestado repetidamente por un celo tan desproporcionado en la vigilancia de los ciudadanos. A su entender, acaba siendo contraproducente. «Las autoridades repiten que la gente inocente no tiene nada que temer, pero el tratamiento siniestro que han sufrido Jenny y sus hijos muestra que esos poderes deben ser mucho más restringidos y supervisados», afirma la asesora legal de Liberty, Corinna Ferguson. El nuevo Gobierno de coalición de conservadores y liberales está revisando actualmente el uso de los poderes de RIPA, como parte de un estudio global de la legislación antiterrorista.