Francia aprueba la ley antiburka con una mayoría aplastante

Francia se convirtió ayer en el segundo país europeo, después de Bélgica, que prohíbe el velo integral en el espacio público, incluida la calle. El Parlamento aprobó la llamada ley antiburka con 335 votos a favor y uno solo en contra. La mayoría de los socialistas, verdes y comunistas se abstuvieron para mostrar su acuerdo con el fondo –combatir el integrismo– aunque no comparten el método, que creen que vulnera la Constitución.

El Gobierno ha decidido sacar adelante la medida pese a las reticencias de la comunidad musulmana, la mayor de Europa, entre cinco y seis millones de personas, de las que se estima que unas 2.000 mujeres se cubren con el velo integral. En opinión de sus líderes religiosos, la ley «estigmatiza» al islam, por lo que es de esperar que las multas –de 150 euros por llevar el burka o el niqab y de un año de prisión y hasta 30.000 euros por obligar a llevar estas prendas– sean recurridas ante el Consejo Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo.

Por eso, el presidente del grupo parlamentario de la derecha, Jean-François Copé, anunció que solicitará un dictamen al Constitucional. Esta consulta, que es vinculante, se realizará después de que la ley sea validada por el Senado, a partir de septiembre. El Ejecutivo confía en que coincida con la opinión de algunos juristas, que ven la ley conforme a la Constitución.

Hasta ahora, el Gobierno ha solicitado, en dos ocasiones, la opinión del Consejo de Estado, cuyas recomendaciones no son vinculantes. Pese a sus informes desfavorables –alertó del riesgo de vulnerar la Constitución y los tratados internacionales– Sarkozy decidió sacar adelante el proyecto.

ATENTADO A LA DIGNIDAD / El Consejo de Europa también se ha opuesto a la medida por razones jurídicas, aunque precisa que el burka y el niqab atentan contra la dignidad de la mujer. Este es justamente el argumento principal del Gobierno francés. Además de esgrimir razones de seguridad, decreta el velo integral «contrario a los principios de la República».

Las sanciones se empezarán a aplicar después de una fase de «pedagogía» que durará seis meses tras la entrada en vigor de la ley, a finales de año.