Docentes contra los problemas de acceso a la vivienda y a la educación en L'Hospitalet: "Alquilar una habitación puede ser la única alternativa"

En los últimos meses, docentes de distintos municipios a lo largo de Catalunya se han organizado para defender el derecho a la vivienda. La crisis habitacional supone múltiples problemas para las familias con dificultades para acceder a un techo. Entre ellas, los problemas estudiar en condiciones son una de las más destacadas. La idea es clara, si una familia vive en una habitación, no tiene internet o, ni siquiera, una mesa donde los hijos puedan hacer los deberes y estudiar, difícilmente podrá rendir académicamente al mismo nivel que otros estudiantes sin estas dificultades. En L’Hospitalet de Llobregat, la ciudad con los dos kilómetros más densamente poblados de la Unión Europea, este binomio retumba aún con más fuerza.

Aunque en Barcelona ya existía la plataforma Docents 080 —el número responde al código postal de la capital catalana—, una quincena de profesores de L’Hospitalet decidieron unirse y crear también una entidad propia para la segunda ciudad de Catalunya. “El derecho a la educación nunca estará garantizado sin garantizar antes un techo digno para todo el vecindario”, sostiene la entidad. 

Nerea, maestra en la escuela Ernest Lluch de L’Hospitalet, es una de las integrantes de la plataforma Docents 089, creada el pasado mes de febrero. Recuerda que en L’Hospitalet casi todas las escuelas públicas son de alta o máxima complejidad y que están con las ratios al máximo. Unas condiciones que suponen que la ciudad tenga una realidad educativa distinta de la vecina Barcelona o de la del Baix Llobregat.

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Los integrantes de la entidad no buscan sustituir a los sindicatos y plataformas que los últimos 15 años han encabezado la lucha por el acceso a la vivienda, pero en las últimas semanas sí que han acudido a acompañar a estas entidades en algunas ocasiones en las que habían hecho llamamientos para sumar fuerzas y presionar para que se detuviera un desahucio, aunque fuera un momento aprovechando algún descanso y la hora del patio. Por lo general, reclaman las instituciones que “dejen de hacer políticas a favor de aquellos pocos que mercadean con nuestra ciudad” y se encargan de acompañar y orientar a las familias en situaciones de vulnerabilidad habitacional.

Emergencia educativa en la urbe más densa

L’Hospitalet es una localidad de cerca de 300.000 habitantes y de apenas 12 kilómetros cuadrados. Sin embargo, alrededor de la mitad de los vecinos viven concentrado en poco más de dos kilómetros. Este hecho, sumado a la falta de escuelas y centros en la zona norte de la ciudad, suponen que, mientras el resto de Catalunya baja el número de alumnos por aula, en la segunda ciudad de Catalunya convivan desde hace años con sobreratios de alumnos y sin los recursos suficientes para atender todas las necesidades. Profesores, sindicatos y el propio Ayuntamiento hablan de “emergencia educacional”. 

En gran medida, uno de los principales causantes es el alto número de alumnos que se incorporan a los centros con el curso empezado, la llamada matrícula viva, y la falta de capacidad de los centros para absorberlos. Muchos de estos estudiantes son, además, migrantes, por lo que requieren también de programas de adaptación, aunque muchos colegios e institutos tienen que afrontar estas situaciones sin aulas donde atenderles o con una alta rotación de personal, lo que dificulta el seguimiento de estos programas. A esta situación ya de por sí complicada a la hora de dar respuesta a las necesidades educativas, se suma, claro, las dificultades en el acceso a la vivienda que tienen que afrontar muchas de las familias.

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Así, L’Hospitalet es también un municipio en el que el precio medio de alquiler de una vivienda ya está en los 821 euros al mes, pero que en algunos barrios del norte, cercanos a enclaves turísticos como el Camp Nou y bien conectados con la capital catalana a pie y en transporte público, las habitaciones pueden costar ya 600 o 700 euros al mes. “La renta per cápita también es mucho más baja que la de Barcelona y hay barrios con altos índices de pobreza histórica que se sigue reproduciendo”, remarca por su parte Helena, docente en el instituto-escuela Gornal. "Si no tenemos alumnos con una vivienda digna, no podemos educar, no podemos ejercer nuestro trabajo con la calidad que querríamos y ellos no pueden recibir una educación de calidad", denuncia. Precisamente, la Síndica de L'Hospitalet destacaba en su último informe la falta de centros escolares y de vivienda sociales entre las principales carencias detectadas en la ciudad.

Vivir en habitaciones

Nerea explica también como cada vez se encuentran más casos de familias que se ven obligadas a vivir en habitaciones. “Mucha gente no puede acceder a un alquiler porque no tiene ni contrato de trabajo. Las habitaciones, donde a veces no te hacen ni contrato de alquiler, son la única alternativa. Aquí se están aprovechando mucho y ahora por alquilar habitaciones piden una barbaridad”, advierte. Además, comenta que hay casos en los que una familia entera pagan por una habitación, pero que no tienen ni derecho a usar el comedor, por lo que “cenan, comen, duermen y estudian” en la habitación porque es más barato. 

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También hay casos, apunta la docente, de niños y niñas que explican que, aunque tengan derecho a uso de los espacios comunes, terminan haciendo todo en la habitación porque conviven con “mucha gente desconocida”. “Hay alumnos que me han verbalizado que tienen miedo en sus propias casas porque hay discusiones, gente que bebe mucho… y no se atreven a salir o incluso ponen una balda en la puerta”, relata. En estas situaciones, destacan las docentes, es difícil exigir a los alumnos resultados académicos, aunque tengan que hacerlo.

Abigail —nombre ficticio— es uno de estos casos. Originaria de Perú, llegó a España en 2023 con su hija, que ahora tiene 12 años, y ambas viven en una habitación en un piso en Pubilla Cases. Aunque tiene derecho a usar el comedor, explica que en el piso conviven con gente que no trabaja y que siempre ocupa ese espacio. Muchas noches también vienen amigos suyos y beben o tienen la música puesta hasta altas horas de la noche. Al final, cuando tiene que trabajar en fin de semana u horarios de tarde, explica que prefiere que su hija se quede en casa de alguna amiga. 

Aun con todo, asevera que ahora está mejor que en los pisos en los que estuvo anteriormente. Al principio, también en L’Hospitalet, le pedían 50 euros al mes para facilitarle el empadronamiento en un piso en el que "vivía mucha gente", algo que ella necesitaba también para, entre otras cuestiones, poder matricular a su hija en una escuela. Después de que le empezaran a pedir otros 200 euros al mes terminó en otro piso, pero quien le alquiló la habitación no tenía contrato y un día se encontró en la calle porque la dueña había recuperado la vivienda. Tras ello, llegó a dormir en un albergue con su hija. Con todo, insiste en que no se va a rendir y agradece la ayuda que le han ofrecido desde su trabajo, así como las profesoras de su escuela, que le han acompañado en estos años.

A su vez, las representantes de Docents 089 señalan los problemas con el padrón que, dicen, afrontan muchas de estas familias cuando llegan a L'Hospitalet. "El Ayuntamiento de L'Hospitalet no está empadronando sin domicilio fijo", asevera Helena. Nerea advierte también que la falta de padrón, en algunos casos, "impide el acceso a la educación a alumnos, que no se pueden matricular porque no tienen una vivienda. Después sí que lo han logrado, pero han estado más tiempo sin escolarizar".

Consultadas por este diario al respecto, fuentes municipales aseveran que, de 34.072 solicitudes de empadronamiento en L'Hospitalet en 2023 solo se denegaron un 1,35%, lo que equivale a un total de 459 solicitudes. Las mismas fuentes sostienen que el consistorio aplica la normativa vigente y dicen que, cuando se solicita un empadronamiento sin domicilio fijo "el ayuntamiento realiza dos intentos de inspección y, una vez se verifica la dirección aportada, se hace el empadronamiento". En los casos en los que no se da una dirección, desde el consistorio apuntan a que se solicita un informe a los servicios sociales para poder acreditar la condición de la persona en cuestión.

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