Vecinos de Pubilla Cases reclaman soluciones ante los ‘after’ sin licencia: “Los ruidos son insufribles”

Vecinos del barrio de Pubilla Cases, en el norte de L’Hospitalet de Llobregat, denuncian que hace años que tienen que convivir con música a altas horas de la madrugada y con peleas, gritos e incivismo en sus calles: “Los ruidos son insufribles”. El foco, apuntan, son locales que, de facto, funcionan como bares musicales y ‘afters’ pese a no contar con licencia para ello ni, en muchos casos, cumplir con las normativas vigentes. Cansados, explican a este diario que han empezado a recoger firmas para trasladar su situación al Síndic de Greuges de Catalunya.

“La gente que vive más cerca está pasando un auténtico calvario”, dice A. L. P., quien pide ser citado con iniciales, impulsor de la recogida de firmas. También lo es de un grupo de WhatsApp que ya integra una treintena de vecinos en el que buscan recopilar información sobre las distintas problemáticas del barrio y sus edificios para contar con las máximas herramientas posibles cada vez que se ven con la necesidad de llamar a la policía. Por ejemplo, si en algún sitio tienen la música alta, avisarse y llamar todos a la vez a la policía para que la presión sea mayor.

El problema con los locales de ocio nocturno sin licencia de L’Hospitalet va mucho más allá del barrio de Pubilla Cases y, de hecho, el Ayuntamiento ha redoblado en los últimos meses la presión a este tipo de establecimientos gracias a la realización de dispositivos conjuntos con Mossos d’Esquadra y Policía Nacional. El punto de inflexión, explican fuentes municipales, fue a finales de febrero de este 2025. Desde entonces, Guardia Urbana, Mossos y distintas áreas del consistorio hospitalense se reúnen cada 15 días para coordinar las actuaciones que llevarán a cabo contra estos bares conflictivos en un plan bautizado como 'Nautilus'.

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Un centenar de inspecciones en enero

Entre enero y marzo de este 2025, el consistorio realizó alrededor de un centenar de inspecciones a estos locales. El objetivo del ejecutivo local es doble: por un lado, que los vecinos de la ciudad se sientan “seguros” y, por otro, enviar un mensaje a “quien ponga en riesgo la convivencia”. Un ejemplo claro: el pasado mes de marzo un joven terminó con la mano amputada en una pelea en un bar de Collblanc. A los pocos días, una de las operaciones del plan Nautilus se realizó en el mismo local en el que ocurrió el suceso.

Los propios vecinos de Pubilla Cases contactados remarcan como estas actividades de ocio nocturno al margen de la regulación acaban atrayendo otros tipos de problemas, como “tráfico de estupefacientes” o peleas. Sin embargo, estos vecinos, radicados en las inmediaciones de las calles Empordà y Empúries, reclaman mayor presencia policial cuando llaman para avisar de algún conflicto y que estos locales problemáticos sean “clausurados de inmediato”. En su caso, apuntan al bar Manchester y al Versace 2.0. Sobre el primero, al consistorio no le constan conflictos recurrentes, mientras que el segundo dicen que ya acumula múltiples infracciones detectadas.

Fuentes municipales reconocen que hace un año la presión y reacción sobre este tipo de actividades era menor, pero defienden que en los últimos dos meses los cuerpos policiales actúan y responden con mayor presteza. Un marco que, en gran medida, ha cambiado gracias a la ‘paz social’ que hay en Catalunya en términos generales. Una condición que permite que unidades de orden público —BRIMO y ARRO— de otras áreas puedan acudir a L’Hospitalet y formen parte de las intervenciones del Nautilus y otros planes como el 'Brida' o el 'Tetra'. Con todo, el alcalde Quirós ya ha reclamado unidades de esta tipología en L’Hospitalet para evitar depender del contexto social catalán a la hora de llevar a cabo estos operativos. Además, defienden que la unificación de todas las llamadas de emergencia a través del 112 también permite una mejor gestión de las incidencias.

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Así, el Ayuntamiento explica las “dificultades” que se encuentran al intentar cerrar uno de estos locales conflictivos. Señalan que, tras las inspecciones e iniciar los respectivos procesos sancionadores, el propietario puede presentar alegaciones. Si se rechazan y se presenta una propuesta de sanción, hay un nuevo margen para alegaciones. Si vuelven a rechazarse y se dicta resolución, el dueño tiene un mes para presentar recurso o iniciar un contencioso. Es entonces cuando, si se da la razón al ayuntamiento, se aplica la sanción, que, dependiendo de la gravedad, puede suponer el cierre temporal del local. El cierre definitivo, remarcan, depende de la reincidencia.

Marisa Pozo, presidenta de la Associació de Comerciants Pubilla Cases - Can Serra, conoce bien y comparte las quejas por los ruidos de los bares hasta altas horas. Con todo, reclama también más coordinación a la administración local y que acompañe más a los distintos comercios y locales que se instalen en la ciudad: "No hay conocimiento de las normativas". Para Pozo, esto ayudaría a que la administración se quite la bandera del "solo nos vienen a multar" y se posicione como una aliada.

Quejas de inseguridad en el barrio

Vecinos y comerciantes de Pubilla Case coinciden también en denunciar un aumento generalizado de la delincuencia, una opinión que respaldan los últimos datos de la Junta Local de Seguridad de L'Hospitalet. Así, varios comercios han creado un grupo de WhatsApp con características similares al de los vecinos de las calles Empúries y Empordà en el que también se informan entre ellos en caso de que se haya producido algún robo u otros delitos.

"La idea es tenerlo todo más controlado entre nosotros, que estemos todos al día de lo que ocurre. O si ha pasado algo, llamar todos los que podamos a la policía", explica Pozo, quien remarca que, más o menos desde Navidades, han notado un repunte de delincuencia. Así, estos comercios también han empezado a colocar carteles en sus escaparates advirtiendo del aviso inmediato a la policía.

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