ERC L'Hospitalet pide a Antifrau blindar a Graells ante "represalias" por denunciar el 'Caso Consell Esportiu'

La sección local de ERC en L'Hospitalet de Llobregat ha dado un nuevo paso para presionar políticamente al gobierno municipal del PSC en la segunda ciudad de Catalunya sobre el judicializado 'Caso Consell Esportiu', objeto de dos recientes reveses judiciales contra dos exconcejales y contra la propia entidad de promoción del deporte. En esta ocasión, el líder republicano local Jaume Graells, también denunciante de las supuestas irregularidades en el seno interno del Consell Esportiu, ha presentado ante la Oficina Antifrau de Catalunya un escrito en el que pide blindaje y protección como 'alertador' del caso ante lo que tilda de "represalias" contra él, según reza la literalidad del documento registrado en Antifrau, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La solicitud formal de Graells ante la institución catalana de referencia de prevención de la corrupción en el sector público se enmarca en el Pleno municipal de L'Hospitalet del pasado mes de febrero. En él, se palpó la tensión entre ERC y el primer teniente de alcaldía de L'Hospitalet, Jesús Husillos (PSC), quien replicó a los republicanos, a raíz de una moción de estos para pedir una comisión de información municipal sobre el 'Caso Consell Esportiu', que él también tenía "muchas preguntas que hacer". De este modo, en el transcurso de la moción, Husillos se preguntó "¿qué hizo el presidente Graells, que lo fue del Consell Esportiu durante casi 10 años?" y "¿por qué insistió [Graells, exconcejal del PSC] a la señora alcaldesa [Núria] Marín para de incorporar como asesor suyo al señor Plaza [uno de los exediles que ha reconocido un delito de apropiación indebida]?".

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A ojos de ERC, la interpelación del edil socialista y el posterior no otorgamiento de palabra por alusiones por parte del alcalde de L'Hospitalet, David Quirós (PSC), suponen un "un caso flagrante de represalia contra una persona alertadora de corrupción" apto de la intervención de Antifrau para que investigue los hechos. Entre sus competencias, la institución tiene la atribución, al amparo de la normativa europea, de proteger a los alertadores de irregularidades en casos vinculados al fraude y la corrupción. Los republicanos buscan elevar el choque con los socialistas a escala catalana, y es por ello que este mismo miércoles 5 de marzo han convocado una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya.

Hasta ahora, Graells no había denunciado su caso a Antifrau. Si bien explica a este diario que, tras lo ocurrido en el mencionado Pleno municipal y tras las últimas sentencias contra la gestión del Consell Esportiu, se ha visto forzado a trasladar su situación a Antifrau en busca de una protección que en su día, afirma, ya solicitó a los órganos de control interno del PSC. Graells remarca que en múltiples momentos se sintió "relegado" cuando todavía formaba parte de las filas socialistas y recuerda como en 2022, cuando hacía casi dos años que había dimitido como teniente de alcaldía, abandonó la militancia socialista porque "desde el primer minuto sentí cómo se traicionaba mi confianza", se daba credibilidad "a la versión de quienes habían cometido presuntas irregularidades" y a "se me condenaba al ostracismo".

Fuentes municipales no entran a valorar la denuncia a Antifrau, pero señalan que en ese momento el alcalde consideró que no tenía que darle la palabra y que Graells puedo responder en el posteior turno de preguntas pero que "no quiso". De hecho, Jaume Graells apuntó entonces que la situación vivida minutos antes era algo "gravísimo" y ya apunto que no descartaba "poner en conocimiento de la justicia" la situación vivida en el Pleno.

La denuncia a Antifrau

Entre otras cuestiones, el portavoz de los republicanos en la segunda ciudad de Catalunya pide a Antifrau que "ponga en marcha las medidas de apoyo que considere adecuadas a tenor de su condición de persona alertadora". También que inste al PSC local y a los miembros del gobierno municipal de la ciudad para que "cesen cualquier tipo de represalia contra mi persona como consecuencia de los hechos denunciados". Unos hechos que hacen referencia a esas supuestas irregularidades en la entidad deportiva de L'Hospitalet. A su vez, solicita a la entidad que "adopte las medidas cautelares e imponga las sanciones que considere convenientes" al ejecutivo local de L'Hospitalet y al PSC "con el objetivo de regularizar la práctica de la denuncia" y promover una cultura de "apoyo a la alerta".

Los hechos en cuestión que denuncia Graells y su grupo corresponden a un momento vivido en el últimpo Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet. ERC presentó una moción de urgencia para volver a convocar la comisión especial de diligencias del Consell Esportiu, un órgano que ya se instauró en el pasado mandato y que, después de las municipales de 2023, quedó sin efecto. De este modo, los republicanos buscaron reactivarla a raíz de la condena el pasado 18 de febrero de dos exconcejales socialistas —Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza— a nueve meses de prisión cada uno tras reconocer haber cometido sendos delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social en el marco del despido simulado de uno de ellos del Consell.

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La urgencia pasó a debatirse gracias al voto unánime de todos los partidos, pero la convocatoria de la comisión fue rechazada con los votos contrarios de PSC y la abstención de En Comú Podem, una posición que los morados, personados en la causa del Consell como acusación popular, defendieron porque, según ellos, la comisión "ya se demostró que no era útil en la etapa anterior", mientras que reivindicaron su papel al lograr la condena de Alcázar y Plaza. Fue poco después cuando la tensión en el hemiciclo empezó a escalar. En una primera intervención, Husillos dijo que no podían compartir la petición de disculpas que también se incluía en la moción porque "el Consell Esportiu era una organización al margen del Ayuntamiento", acusó a ERC de "aprovechar la coyuntura para montar un circo" y deslizó que también tenía "muchas preguntas que hacer".

Pero fue en su segunda intervención cuando ya explicitó esas dudas. Terminados los turnos, el propio Graells reclamó que se le diera la palabra por alusiones a consecuencia de las cuestiones de Husillos sobre la participación de Graells cuando formó parte del Consell. Fue entonces cuando la tensión llegó a su zénit. Y mientras el portavoz de los republicanos insistía en que se le dejase responder, el alcalde Quirós remarcó que "no había [turno por] alusiones", le llamó al orden y le pidió que se relajara.

Para Graells y ERC, esta negativa a poder intervenir "constituye un abuso de poder", ya que "se impidió mi defensa ante unas afirmaciones que atentan contra mi honor y mi integridad como cargo electo, pero también como persona denunciante y alertadora, permitiendo que las acusaciones quedasen sin respuesta". Este hecho, para Graells implica una "clara vulneración de mi derecho a la defensa y a la libertad de expresión".

El grupo parlamentario de ERC ha programado una rueda de prensa en el Parlament este miércoles 5 de marzo a consecuencia de la sentencia del 'Caso Consell Esportiu de L'Hospitalet' y con la participación del portavoz parlamentario adjunto, Jordi Albert, la diputada Marta Vilalta y el propio Graells. Aquí, ERC ha reclamado al Govern que agilice la tramitación y presente lo antes posible la ley de personas alertadoras, que se pactó en el 2023.