La Justicia decidirá si dos exconcejales de L'Hospitalet simularon un despido en el Consell Esportiu local para estafar 47.000 euros

Pistoletazo de salida al primero de los juicios previstos sobre las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (CELH), entidad privada y sin ánimo de lucro pero integrada por representantes del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y nutrida de fondos públicos para promocionar el deporte en la gran ciudad. Este martes comienzan las vistas en que la Audiencia Provincial de Barcelona decidirá si dos exconcejales del Ayuntamiento de L'Hospitalet, Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza, ambos del PSC, incurrieron en un delito de estafa al simular en diciembre de 2016 un despido. Un cese por el cual Plaza, hasta ese momento contratado por el ente como director técnico, recibió una indemnización de 47.174,62 euros para, tan solo siete meses después, ser nombrado asesor de la exalcaldesa Núria Marín, volver a la entidad como vocal y acabar presidiéndola casi tres años después del despido, una vez ya fue concejal tras las elecciones municipales de 2019. Ésta es una pieza separada de la investigación por una presunta trama de malversación y desvío de fondos en el seno interno del organismo deportivo.

La fiscalía pide 4 años y seis meses de prisión para el teniente de alcalde de L'Hospitalet

A ojos de Fiscalía, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, los hechos son constitutivos de sendos delitos de estafa, o alternativamente de apropiación indebida, y contra la Seguridad Social. Por ellos pide, para cada uno de los acusados —Alcázar, que era teniente de Alcaldía y presidente del CELH, como autor y Plaza, que todavía no era concejal, como cooperador necesario—, una pena total de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

La otra acusación personada en la causa es la de los Comuns de L'Hospitalet, que suben la apuesta: para Alcázar solicitan una pena de 4 años de prisión por un delito de malversación, además de suscribir la acusación de estafa contra Plaza y de delito contra la Seguridad Social contra ambos que sostiene Fiscalía. Además de la implicación en cuanto a la pena, la malversación, al contrario que los otros tipos penales sobre la mesa, es uno de los delitos considerados como 'corrupción' por el Consejo General del Poder Judicial.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal relata que Alcázar y Plaza, el primero de los cuales tenía condición de teniente de Alcaldía y edil de Deportes y Juventud del consistorio, "concertaron voluntades" con el fin de, bajo el pretexto de poner fin a la relación laboral que unía a Plaza con el CELH, granjearle a este un "indebido beneficio económico". Para ello, describe Fiscalía, Alcázar remitió el 15 de diciembre de 2016 a Plaza una carta de despido objetivo argumentando un descenso de ingresos de la entidad. Sería siete meses después, el 28 de julio de 2017, cuando Plaza acabaría percibiendo los mencionados 47.174,62 euros de indemnización laboral.

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El fiscal reprueba que tanto el despido como la indemnización "se realizaron a espaldas del Ayuntamiento de L'Hospitalet y, sobre todo, de los órganos de gobierno del CELH", motivo que justificó el archivo de la causa contra la exalcaldesa Marín a mediados de 2022. Así como también critica que "no concurrían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaran el despido". "Ni la situación económica del CELH se podía considerar negativa ni era necesario amortizar el puesto del acusado Plaza", sostiene el fiscal. Tanto la acusación pública como la de los Comuns concurren en que el CEH tenía previsión de acabar los ejercicios de 2016 y 2017 en positivo. La defensa, por su parte, justifica que el año 2016 la entidad sí acabó el ejercicio con una pérdida de 547 euros.

A propuesta de los Comuns, al juicio están citados a declarar como testigos la propia Núria Marín, exalcaldesa de L'Hospitalet y ahora delegada del Govern en Madrid; Àlex Porqueras, actual asesor municipal; Mercedes Hernández, extrabajadora del CELH; o Jaume Graells, actual concejal y portavoz de ERC y exedil socialista que denunció, primero ante Marín y luego ante la Policía, las presuntas irregularidades en el CELH.

Los indicios delictivos que sostienen las acusaciones

El Ministerio Público pone el foco en dos indicios para argumentar la relevancia penal del caso. En primer lugar, que Plaza celebró hasta cuatro despedidas tras enviar una carta de adiós a "amigos y conocidos". Esta circunstancia, entiende Fiscalía, "parece compadecerse mal con una situación de despido". Por otra parte, que en marzo de 2018, poco más de un año después de su despido y tras ser nombrado asesor de Marín, Plaza entró como vocal en la Junta Directiva del CEH para, en septiembre, acabar presidiendo la entidad deportiva después de tomar posesión como concejal municipal. Además de la correspondiente responsabilidad penal, Fiscalía exige también a los acusados como responsabilidad civil el pago de los 47.174,62 euros y, a Plaza, también la restitución de 6.486,96 euros en concepto de prestación por desempleo.

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Los Comuns, por su parte, buscan argumentar el delito de malversación de Alcázar por el vínculo entre la cuantía indemnizada y una subvención pública de 168.000 euros que, argumenta la formación, se usó en el CELH para hacer frente a la indemnización al "no disponer de ingresos propios". "El pago de esta cantidad fue ordenado y acordado por Alcázar en calidad de presidente del CELH", reza el escrito de acusación de los Comuns, que sostienen la intención de los acusados de que Plaza "se enriqueciera a cuenta de la subvención de que era titular el CELH".

Una de las claves del caso es la naturaleza de la financiación del CELH. Para decantar la balanza del lado de la malversación, los Comuns buscan justificar que los fondos públicos predominan en la entidad. Es por ello que en su acusación apelan a una carta de Alcázar en la que "se afirma que el 90% de los ingresos del CELH provienen de subvenciones y convenios con Administraciones Públicas". Por el contrario, la defensa de los acusados presentará en sede judicial un informe pericial elaborado por la firma Crowe que concluye que "los ingresos obtenidos por el CELH son mayoritariamente de origen privado, es decir, no provienen de subvenciones y/o ayudas públicas". El dictamen de la defensa detalla que, mientras que los ingresos del CELH de origen público se sitúan de media en un 44% en relación al total, los de origen privado son de media un 56% de la financiación global del ente.

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