Dos exconcejales de L'Hospitalet reconocen un delito de apropiación indebida en el primer juicio del 'Caso Consell Esportiu'

El primer juicio por el 'Caso Consell Esportiu' de L'Hospitalet de Llobregat se ha saldado este martes 18 de febrero con una conformidad entre las partes en la Audiencia Provincial de Barcelona. Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza, exteniente de Alcaldía y exconcejal socialistas del Ayuntamiento de la gran ciudad catalana, han reconocido haber cometido sendos delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social, por los cuales se les condena a nueve meses de prisión a cada uno. Los exediles no serán privados de libertad al habérseles suspendido la pena, a condición de no reincidir, por no tener antecedentes penales. A su vez, el magistrado ha contemplado un atenuante en la pena al haber abonado los exediles ya la responsabilidad civil que las acusaciones les reclamaban: 47.174,62 euros de una indemnización más otros 6.486,96 euros de una prestación por desempleo.

Los condenados han driblado así la acusación por un delito estafa a cargo de la Fiscalía Anticorrupción e incluso de malversación —que implicaría corrupción— que pedían los Comuns, también personados en la causa como acusación popular. El tipo penal más grave por el cual se les condena, la apropiación indebida, es definida por el Código Penal como un delito basado en la apropiación, en este caso de dinero, "que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos".

La Justicia decidirá si dos exconcejales de L'Hospitalet simularon un despido en el Consell Esportiu local para estafar 47.000 euros

El montante económico al que hace referencia la condena es una indemnización de 47.174,62 euros cobrada por Plaza al ser despedido a finales de 2016 del Consell Esportiu de L'Hospitalet (CELH), entidad privada y sin ánimo de lucro pero presidida por el entonces teniente de Alcaldía Cristian Alcázar. Según la acusación de Fiscalía, los ya condenados "concertaron voluntades" con el fin de, bajo el pretexto de poner fin simuladamente a la relación laboral que unía a Plaza con el CELH, granjearle a Plaza un "indebido beneficio económico". Este caso es una pieza separada de la investigación por una presunta trama de malversación y desvío de fondos en el seno interno del organismo deportivo.

Cristóbal Martell, abogado de Alcázar, vincula la aceptación de los hechos con una cuestión formal y no de fondo. En este sentido, el togado explica a EL PERIÓDICO que los condenados "son conscientes de que la documentación [relativa a la indemnización percibida por Plaza] no era la correcta", en tanto que no se expuso públicamente en la Asamblea General del Consell Esportiu —"por un decoro mal entendido", apunta la defensa— ni se hizo constar en sus cuentas. Sin embargo, Martell señala que "la amortización del puesto de Plaza sí se hizo correctamente", ya que posteriormente fue cubierto por el actual director del CELH, Eduard Galí, y la plaza de éste se acabó amortizando, cristalizando así una "amortización triangular aceptada por la jurisprudencia".

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Al mediar acuerdo entre las partes, en sede judicial no han declarado significativos testigos que estaban citados por las acusaciones, como la exalcaldesa de L'Hospitalet y ahora delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, cuya causa en el contexto del caso fue archivada, o el denunciante del caso y portavoz de ERC en L'Hospitalet, Jaume Graells. En declaraciones a este diario, el también exconcejal socialista se muestra "muy contento" por el reconocimiento de los hechos y por "la devolución de 47.000 euros a las familias de nuestras escuelas de manera ilícita". Aunque advierte: "Esto es sólo la punta del iceberg de la trama de irregularidades que denuncié". En un comunicado de ERC L'Hospitalet, Graells pide a la dirección del PSC "pedir disculpas a toda la ciudadanía de L'Hospitalet".

Cómo afectará a la causa principal

Uno de los interrogantes que subyacen a raíz de esta condena por una pieza separada del 'Caso Consell Esportiu' es cómo afectará a la causa principal del caso, en la que la investigación apunta a una presunta trama de malversación y desvío de fondos. Mientras que la acusación de los Comuns enfatiza la condena como un precedente que determina el sentido de las pesquisas, las defensas alegan que el caso específico de la indemnización percibida por Plaza es independiente al del grueso de la causa.

Una clave importante del devenir de la causa será la prueba en torno a la naturaleza de la financiación del CELH. Si la balanza se decante por el predominio de la financiación pública, como argumentan los Comuns, la causa se aproximará más a posibles delitos relativos a la corrupción, como la malversación. Si, por el contrario, se acaba probando en sede judicial que pesa más la financiación privada del ente, el terreno de juego penal tendrá más que ver con tipos delictivos pensados para hechos relativos a caudales privados, como es la propia apropiación indevida.

Un informe pericial de las defensas, elaborado por la firma Crowe, concluye que "los ingresos obtenidos por el CELH son mayoritariamente de origen privado, es decir, no provienen de subvenciones y/o ayudas públicas". El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, detalla que, mientras que los ingresos del CELH de origen público se sitúan de media en un 44% en relación al total, los de origen privado representan de media un 56% de la financiación global del ente.