La justicia francesa examina si los frenos del bus accidentado en los Pirineos fallaron por falta de mantenimiento

Dos meses y medio después, la justicia francesa sigue tratando de resolver los interrogantes que aún planean tras el accidente de autocar en que murieron tres pasajeras y una cuarentena resultaron heridas en los Pirineos. Regresaban a Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat tras una excursión de un día en Andorra. El conductor del bus, Alejandro C. R., dio positivo en cocaína tras la colisión e ingresó en prisión provisional en Francia, acusado por la Fiscalía de Marsella por los presuntos delitos de homicidio involuntario y lesiones agravadas. 

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En paralelo, el magistrado que se encarga de las pesquisas en Francia mira de esclarecer si el vehículo presentaba unas condiciones defectuosas por falta de mantenimiento. El autocar circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada: pese a que tenía que someterse a revisión cada medio año, no la pasaba desde finales de 2023. El bus lo fletaba la empresa de transporte Chavi Tours, disuelta tras quebrar por deudas y administrada por el chófer arrestado, que siguió operando por libre después de que la compañía cayese en concurso de acreedores el verano pasado.

Además, el juez galo también intenta clarificar si la avería que se detectó en el vehículo antes de que emprendiera la vuelta desde Pas de la Casa tuvo relación con el siniestro mortal, originado por un error en los frenos.  “Actualmente se está realizando un informe pericial judicial para determinar las causas mecánicas del accidente”, explica el tribunal judicial de Marsella a preguntas de EL PERIÓDICO.

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El órgano judicial señala que “la investigación confirmó que la causa del accidente fue un fallo mecánico”. Añade que, “al parecer, el autobús sufrió un problema mecánico antes de emprender el viaje de regreso”. La Fiscalía ya señaló que los frenos no funcionaron y que el autocar registró una avería antes de empezar el viaje de vuelta a Barcelona. 

No obstante, el tribunal de Marsella indica que, hasta el momento, “no se ha establecido un vínculo claro entre ese incidente mecánico y el accidente”. El órgano judicial confía en que el dictamen pericial despeje incógnitas. “Debería permitir determinar rápidamente el estado general del vehículo, posibles averías o defectos de mantenimiento, así como las causas de la avería del sistema de frenos y la pérdida de control” del bus, desgrana el juzgado.

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Condiciones precarias

La mayoría de las víctimas del accidente del pasado 1 de diciembre son inmigrantes afincados en Barcelona y el área metropolitana, sobre todo colombianos. Pagaron 27 euros por billete a una particular, que organizaba viajes a precios muy bajos. El autocar chocó contra un muró en la localidad occitana de Porté-Puymorens. El vehículo transitaba por una carretera de trazado accidentado, alternativa habitual para esquivar el pago de peaje en la ruta de Andorra a España.

Los heridos son de extracción humilde. Los abogados que los representan han avisado que las condiciones precarias en que viven se han visto agravadas a raíz del siniestro. Aparte de las lesiones de las que se recuperan y las secuelas psicológicas, los letrados han advertido que las víctimas han atravesado apuros por escasez de ingresos al no cobrar prestaciones suficientes para cubrir los salarios que han dejado de percibir al hallarse de baja laboral, no disponer de un trabajo regularizado o carecer de cobertura.

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En ese sentido, han reclamado que se acelere el pago de los anticipos de las indemnizaciones para aliviar las penurias de los afectados. El plazo para evaluar los daños y tasar las ofertas de compensación vence el 1 de marzo, cuando se cumplirán tres meses del accidente.

El tribunal judicial de Marsella responde que el juez de instrucción trabaja junto a las autoridades consulares “para identificar y localizar a todas las víctimas” e informarles de que pueden personarse en la causa. Aparte, el despacho de abogados Indemnización por accidente -que representa a 17 heridos y los familiares de las fallecidas- trata de recobrar los enseres y la documentación que sus clientes no han podido recuperar desde el día de la colisión y que señala que obra en poder de la Gendarmería por burocracia. El tribunal contesta al respecto que el instructor “procurará restituir lo perdido siempre que sea posible”.

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