Polémica en L’Hospitalet por la revisión de la superficie catastral de medio millar de fincas de la ciudad

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha impulsado una revisión de las superficies catastrales de la ciudad. El gobierno local sostiene que, en ningún caso, “se trata de una revisión catastral”, sino de una actualización de estas superficies para “adecuarlas a la realidad”. Es decir, el valor del metro cuadrado se mantiene “intacto”.

Según apuntan fuentes municipales, eran varios los motivos que llevaban a que hubiera errores en los registros del catastro: imprecisiones en los planos originales, en el reparto de las zonas comunes o en mediciones que originalmente se hicieron “por aproximación”, pero que ahora se pueden hacer sobre el plano actualizado.

Pese a ello, la revisión ha enervado a los representantes municipales de ERC, que hace poco más de una semana denunció que, con esta acción, “muchas viviendas pueden sufrir una modificación del cálculo de metros cuadrados, en muchos casos con un incremento que supondrá una consiguiente subida del IBI o de la nueva tasa de basura”. Así, el jefe de la oposición y portavoz de ERC-EUiA en el consistorio, Jaume Graells, aseveró entonces que se trata de una actuación “intolerable, hecha “sin transparencia” y que “está afectando ya a más de 600 fincas, y eso significa miles de familias”.

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Por su parte, el consistorio señala que, fruto de los trabajos de actualización, el catastro ha revisado cerca de medio millar de fincas y que en el 53% de los casos mantiene o disminuye el valor, mientras que en el 47% de los casos incrementa el valor (+2%). De este modo, en caso de disminuir el valor, fuentes municipales aseveran que el ayuntamiento “está estudiando la fórmula para devolver los importes indebidos de los últimos ejercicios”; y que en caso de incrementar el valor, el consistorio no reclamará los importes que se hayan dejado de cobrar en ejercicios anteriores. 

“Se trata, por tanto, de una actualización técnica, sin ningún afán recaudatorio y que en primera instancia, le costará dinero a este Ayuntamiento”, remarcan las mismas fuentes, que apuntan también que hay que tener en cuenta que el resultado puede ser diferente entre vecinos de una misma finca —puede suceder que a un vecino le incremente, y al vecino de justo al lado le baje—, y que, por tanto, el resultado y notificación “es personal”.

Presión fiscal

Jaume Graells exigió también hace una semana al gobierno municipal que "acompañe a las familias afectadas en el proceso de reclamación y con ayudas para bonificar la pérdida patrimonial o el aumento del gasto si hay incremento de superficie" y apuntó que "este nuevo gobierno se ha dedicado a subir los impuestos más de lo que habían subido en los últimos 10 años, mientras no ejecutan el presupuesto y nos vemos obligados a devolver cada año dinero a los bancos”.

El grupo de ERC ha mantenido una postura muy crítica contra el aumento de la presión fiscal que el gobierno local impulsó al aprobar provisionalmente las ordenanzas fiscales para 2025 —aunque en un pacto posterior con los Comuns, ambos partidos acordaron finalmente congelar el IBI—, y a la llegada de una nueva tasa de residuos por la que la mitad de los hogares pagarán más de 100 euros al año adicionales y que viene impuesta por una directiva europea y una ley estatal.

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Así, respecto a la atención a las familias afectadas por la revisión de la superficie del catastro, el gobierno local dice que, a través del servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, están “asesorando a todos los ciudadanos que se acercan a nuestras oficinas para ayudarles a entender la situación”.

Reunión con la Gerencia del Catastro

Según relatan fuentes municipales, en julio de 2023, el Ayuntamiento de L’Hospitalet se reunió con la Gerencia del Catastro. “En esta reunión la Gerencia hizo saber al ayuntamiento que existían inmuebles de la ciudad en las que el Catastro observaba que los datos no se correspondían con la realidad y nos pedían la revisión de las parcelas en copropiedad sin local de elementos comunes y de las parcelas en copropiedad con único local común de uso vivienda y planta o plantas de aparcamiento”, destacan.

En este sentido, para dar cumplimiento a esta petición, en febrero de 2024, la Junta de Gobierno Local —es decir, aún con Núria Marín como alcaldesa del municipio— encargó a SEGIPSA, empresa instrumental de la Dirección General del Catastro, la revisión de estas superficies para adecuar el catastro a la realidad. “Desde el mes de mayo de 2024, se han llevado a cabo en el municipio los trabajos de mantenimiento de la base de datos catastral. A partir de los resultados obtenidos, este otoño la Dirección General del Catastro ha emitido a las personas afectadas las notificaciones con los nuevos resultados catastrales”, añaden.