Alud de apoyos de alcaldes socialistas de Catalunya a la Reserva de Suelo Público anunciada por Illa

El anuncio del president Illa de tirar adelante un nuevo programa de vivienda pública para construir 50.000 pisos antes de 2023 ha desencadenado un aluvión de respuestas favorables entre la mayoría de los alcaldes socialistas de las principales ciudades catalanas.

La iniciativa de la primera Reserva Pública de Suelo de Catalunya, descrita por el mismo Illa como "la movilización de recursos públicos más importante hecha nunca", ha recibido el apoyo prácticamente inmediato en redes sociales de los líderes locales de L'Hospitalet, Sabadell, Santa Coloma, Tarragona, Lleida, Mataró, Esplugues, Tortosa o Sant Adrià de Besòs, entre otros.

Las claves del anuncio de Illa en vivienda: 50.000 pisos, rapidez en la entrega y ayudas directas

Los alcaldes socialistas han arropado la propuesta de Illa y, con textos más o menos parecidos, han asegurado que se sumarán a ella: "La vivienda es una política pública clave. No dejaremos a nadie atrás", se lee en buena parte de los mensajes publicados en redes sociales como respuesta al anuncio del president.

David Quirós (L'Hospitalet de Llobregat), Rubén Viñuales (Tarragona), Fèlix Larrosa (Lleida), Marta Farrés (Sabadell) y Eduard Sanz (Esplugues) describen la propuesta como "ambiciosa"; Mireia González (Santa Coloma de Gramenet) apunta que estudiarán cómo sumarse, "en la línea del Plan Local"; Filo Cañete (Sant Adrià de Besòs) aprovecha para situar el "derecho a la vivienda" como una "prioridad para los próximos años"; y Jordi Jordan (Tortosa) lo considera una "buena noticia" y agrega que "es necesario dedicarle muchos esfuerzos y recursos porque es una necesidad de muchas ciudades del país".

Por su parte, el alcalde de Mataró, David Bote, ―nuevo presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)―, ha querido agradecer a Illa el anuncio, que ha descrito como una "demanda de la ciudadanía". Bote ha destacado la "intención" de la Generalitat de facilitar los medios económicos y técnicos, y ha opinado que el primer paso en materia de colaboración con los municipios es trabajar para detectar el suelo en el que edificar las viviendas, ya que "algunos ayuntamientos ni siquiera tienen identificado su propio parque inmobiliario". "El ABC dice que empecemos por la A, y la A es el suelo ―sostiene el presidente de la FMC―. Esto es lo que tenemos que hablar inmediatamente con el conjunto de los municipios".

Preguntado al respecto por EL PERIÓDICO, el Ayuntamiento de Badalona liderado por Xavier Garcia Albiol (PP), se muestra relativamente satisfecho con la propuesta: "La música, de momento, nos suena bien, pero hay que leer la letra pequeña porque en Badalona estamos acostumbrados a los incumplimientos de la Generalitat", explican fuentes municipales.

Uno de los principales actores económicos implicados en la cuestión son los constructores. La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) ha emitido este miércoles un comunicado en que valoran "positivamente toda acción encaminada a incrementar la oferta de vivienda". Eso sí, muestran cierto recelo acerca de cómo se llevará a cabo el aterrizaje de la propuesta del Govern: "Veremos cómo se materializa el global y el detalle del anuncio para que no corra el riesgo de quedarse en una declaración de buenas intenciones, como ya ha sucedido en el pasado". A este respecto, David Bote ha llamado al optimismo: "Hay que ver que durante esta legislatura, este dinero, que ya está ahí, también se convierta en viviendas".

El aspecto principal de la propuesta, anunciada por el president en la primera jornada del debate de política general, es la construcción de las 50.000 viviendas públicas antes de 2030, un detalle acordado con los Comuns para asegurar la investidura. Todo ello, con una inversión de unos 4.400 millones en lo que resta de legislatura. Una inversión que la APCE demanda que sea "adicional a la actual partida presupuestaria destinada a vivienda, y que se mantenga en el futuro". En este sentido, la asociación de promotores y constructores de edificios sostiene que Catalunya arrastra un déficit anual de 10.000 nuevas viviendas.