Las huelgas de autobuses en el Baix Llobregat llegan a su fin tras medio año de protestas

Han sido casi seis meses de manifestaciones, huelgas y paros parciales. Seis meses de acusaciones y denuncias cruzadas que, a priori, tuvieron su punto final este jueves 25 de mayo, después de que los conductores de Monbus/Julià en el Baix Llobregat presentaran un acuerdo firmado con las empresas al Tribunal Laboral de Catalunya.

De hecho, la última protesta tuvo lugar el pasado 16 de mayo. El 17 se firmó el preacuerdo entre comité y empresa y el 21 este fue ratificado en asamblea por los conductores del Baix. Así, la firma en el Tribunal Laboral fue el último formalismo para consolidar el pacto.

“Es un acuerdo de mínimos, pero que sirve para disolver un conflicto que se estaba eternizando”, explica David Guzmán, presidente del Comité de Empresa de Alcalabus en el Baix, una de las compañías que forman parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) creada por los grupos Monbus y Julià y que ganó el concurso del servicio de autobuses.

Guzmán señala que ahora la intención del comité y los conductores es ver si se logra “un clima de paz social” y terminar de negociar algunas condiciones. Así, advierte que si la concesionaria no cumple los acuerdos pactados, volverán las protestas. Con todo, el acuerdo supone el fin de todas las huelgas en la comarca, ya que las protestas de los trabajadores de Avanza, la empresa que cubre las líneas del Baix Llobregat sur, también terminaron en abril.

El principal conflicto

Los conductores de Monbus/Julià en el Baix Llobregat protestan desde principios de enero por jornadas laborales "maratonianas" y una subrogación de la plantilla que consideran “irregular”. Una de las principales quejas responde al modo en el que se produjo la subcontratación el año pasado. Cuando venció el contrato por los servicios de bus urbano e interurbano que durante más de treinta años había llevado a cabo la empresa Oliveras, una de las tres patas del grupo Baix Bus, salió la licitación para determinar qué empresa se haría cargo del servicio.

Así, el concurso lo ganó una UTE compuesta por ocho empresas de los grupos Monbus y Julià, que empezó a operar a mediados de 2022. Sin embargo, David Guzmán destaca que, cuando el personal de Oliveras fue subrogado por el nuevo operador, no se le subrogó a la ganadora del concurso, la UTE, sino a una de las empresas de esta, Alcalabus, hecho que consideran "irregular”.

Desde el Comité de empresa denuncian que los problemas con esta subrogación se acentuaron cuando a las nuevas incorporaciones que hacían para cubrir las líneas del Baix Llobregat y L’Hospitalet se las contrató por otra de las empresas que forman parte de la UTE, Castromil, de modo que la plantilla queda dividida. Así, uno de los principales objetivos de las protestas era reclamar que tanto los conductores subrogados como las nuevas incorporaciones pasaran a estar contratados por la UTE y no por las diferentes empresas que la componen.

Así, tras estos meses de protestas, los trabajadores de la antigua Oliveras que fueron subrogados a Alcalabus pasarán a estarlo por la Unión Temporal de Empresas, aunque no lo harán los de Castromil. Sin embargo, el Comité de Empresa ha logrado el compromiso de que la plantilla de la UTE no baje de los 175 trabajadores hasta el final de la concesión, un punto relevante, ya que desde el comité comentan que de este modo se aseguran que la empresa subrogada “no desaparezca”.

“A Monbus le interesa que se vaya gente subrogada en la UTE porque es una antigüedad laboral que dejan de pagar y luego contrata vía Castromil con unas nuevas condiciones”, Dice David Guzmán.

Acusaciones y denuncias cruzadas

A mitad del pasado mes de abril, Inspección de Trabajo determinó que la Unión de Temporal de Empresas (UTE) Sant Boi, Barcelona y otros, que integran empresas de los grupos Monbus y Julià, vulneró el derecho fundamental a la huelga de los conductores de autobús en sus líneas del Baix en varias jornadas de paros que realizaron durante el mes de febrero. El organismo así lo resolvió a raíz de una denuncia interpuesta por CCOO.

En el texto, Inspección concluyó que la UTE "ha incumplido con su obligación de asignar la realización de los servicios mínimos a aquellos trabajadores que no ejerzan el derecho de huelga" y que, al asignar la cobertura de servicios mínimos a los empleados que "habían manifestado de forma expresa su voluntad de participar en el paro, ha vulnerado el derecho de huelga de los mismos".

Así, a penas una semana después de que saltara esta noticia, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro conductores de los autobuses de Monbus/Julià en el Baix Llobregat y L'Hospitalet e imputaron a una quinta por los delitos de daños, contra la seguridad del tráfico y de coacciones, por unos hechos sucedidos en el marco de la huelga y protestas de los trabajadores.