'Caso Consell Esportiu': Graells apunta a una "caja B" tras el reciente archivo de la causa contra Núria Marín

La Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya ha vuelto a ser escenario este jueves, tras la comparecencia en julio de la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, de ahondamiento en las cuestiones políticas que se derivan de la causa judicial que investiga supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en el seno del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat.

En esta ocasión, el compareciente ha sido Jaume Graells, denunciante de las posibles irregularidades que el pasado mes de mayo emprendió el viraje de convertirse en el alcaldable de ERC en L'Hospitalet después de haber militado durante años en las filas socialistas.

Graells ha centrado su intervención en el Parlament en relatar las supuestas irregularidades -las cuales ha catalogado de "corrupción"- a cargo de los investigados en la causa judicial abierta, entre los que se hallan los excargos socialistas Cristian Alcázar, exsegundo teniente de alcaldía, y Cristóbal Plaza, exconcejal y exdirector del Consell. La causa penal contra la alcaldesa Marín fue archivada a principios de julio por considerar la jueza que la edil no incurrió en el delito de omisión de persecución de otros delitos.

El republicano no ha dudado en afirmar la existencia de una "caja b" de contabilidad paralela en efectivo en el seno del Consell Esportiu, algo que le han reprochado desde las filas socialistas porque "aquí no venimos a calificar hechos, algo que le corresponde a la justicia, sino a debatirlos políticamente". El portavoz socialista, David Pérez, le ha quitado importancia a "la existencia de una caja con efectivo", condicionando las declaraciones de Graells a sus "intereses políticos" como nuevo líder de ERC en L'Hospitalet.

Asimismo, Graells ha cargado contra la alcaldesa Núria Marín por no haber cesado, en el momento en que él le trasladó los hechos (momentum que ha simbolizado mostrando en el Parlament el mismo archivo que le entregó a Marín), a los cargos socialistas que posteriormente dimitieron por su propio pie, una línea de reprobación política que ya izó en sus pesquisas la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Aun así, según Graells, Marín "también fue engañada" con respecto al supuesto despido simulado por el que Cristóbal Plaza supuestamente cobró una indemnización fraudulenta de 47.000 euros.

La protección de los alertadores

Durante su intervención, Graells ha hecho alusión a las críticas que recibió tras la denuncia del 'Caso Consell Esportiu', las cuales alcanzaron incluso el ostracismo político. "Denuncié en mi partido [el PSC] hasta tres veces las irregularidades y jamás se me escuchó", ha concluido Graells, crítico con el "clientelismo" en L'Hospitalet de Llobregat.

A raíz de su exposición, los grupos del Parlament han coincidido en el refuerzo de la protección de los alertadores que denuncian praxis relativas a la corrupción, sobre los el Gobierno ya ha aprobado recientemente un proyecto de ley.

Dolors Sabater, exalcaldesa de Badalona y ahora diputada de la CUP, ha aprovechado para abanderar el municipalismo y destacar la importancia de preservar los derechos de quienes hacen públicas las irregularidades en torno a la gestión municipal, aludiendo a ciudades donde la corrupción ha estado presente, como Santa Coloma de Gramenet ('Pretoria') o Sabadell ('Mercuri').

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