El Parlament ha convalidado el decreto que permite integrar en la red de titularidad pública los centros educativos de "entornos desfavorecidos" aunque no cumplan con los requisitos patrimoniales exigidos por ley, por lo que se avala legalmente la decisión del Govern en el mes de mayo de integrar a la red pública la Acadèmia Cultura de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). El decreto ha sido convalidado por unanimidad en la Cámara en el pleno de este miércoles.

En nuevo decreto permite la exención del requisito previsto en el decreto de 2019, que pedía que los titulares del centro deban disponer de "un título válido sobre el inmueble donde ubicar el centro, que reúna los requisitos establecidos por la normativa educativa y patrimonial vigente". Por tanto, se permite que, excepcionalmente, el nuevo centro creado por integración en la red pública se pueda ubicar en "espacios provisionales", siempre y cuando esta situación se dé en entornos con población escolar de condición socioeconómica desfavorable y las necesidades de escolarización no se puedan satisfacer de otra forma.

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que en los dos últimos cursos, desde que se aprobó el decreto de 2019, se han recibido 43 peticiones de las cuales 11 se han integrado en la red pública o están en proceso de hacerlo, y justifica la necesidad de actualizar el decreto porque "se han detectado situaciones no contempladas". En este sentido, ha asegurado que aunque es necesario que se cumplan los requisitos patrimoniales, "en los últimos años se ha visto que pueden haber situaciones excepcionales" para hacer posible la integración de centros, aunque el edificio no reúna las condiciones, para dar respuesta a la demanda de plazas públicas y por los efectos negativos que tiene el cierre de centros.

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Este decreto surge para amparar y evitar situaciones como la ocurrida con la integración del centro concertado Acadèmia Cultura de L'Hospitalet, que finalmente se integró en la red educativa pública el pasado mes de mayo, después de que en un inicio la Conselleria no autorizase su integración por considerar que el edificio no reunía las condiciones suficientes a nivel técnico. La batalla de familias de los 319 alumnos de infantil, primaria y ESO y de sus profesores para evitar el cierre se apuntalaba en las necesidades de escolarización que hay en el barrio de la Torrassa.

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