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Las claves urbanísticas de la segunda urbe catalana

Soterrar la Gran Via, proteger Can Trabal y el 1,8% del PIB catalán: guía para entender L'Hospitalet del futuro

Zona agrícola de Can Trabal, con el Hospital de Bellvitge al fondo, donde incide el PDU de L’Hospitalet.

Zona agrícola de Can Trabal, con el Hospital de Bellvitge al fondo, donde incide el PDU de L’Hospitalet. / Manu Mitru

  • El PDU Gran Via-Llobregat, que prevé cambios de calado en la ciudad, se reformula integrando buena parte de las críticas medioambientales tras el revés judicial

  • ¿Cómo afecta a la ciudadanía? ¿De qué manera ha influido la negativa judicial? Consúltalo en esta guía para entender cómo se proyecta la gran ciudad catalana

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Manuel Arenas
Manuel Arenas

Redactor

Especialista en historias locales, audiencias e información del área metropolitana de Barcelona y reporterismo social

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Después de que los tribunales declarasen nula a finales del 2020 la reforma urbana más ambiciosa (alrededor de un 8% de su territorio y una inversión total de unos 202 millones de euros) que L'Hospitalet de Llobregat, segunda gran ciudad catalana, tiene encima de la mesa, el Consorci per a la Reforma de la Gran Via de L'Hospitalet, entidad pública integrada por Generalitat y Ayuntamiento de L'Hospitalet impulsora del proyecto, se puso a trabajar en un nuevo Plan Director Urbanístico Gran Via-Llobregat (PDU), instrumento base del proyecto que fue objeto del revés judicial.

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¿Qué implicaciones para la ciudadanía de L'Hospitalet prevé la reformulación del PDU? ¿Qué ha variado en relación a la remodelación urbana que no pasó el filtro judicial? ¿Cuándo está previsto que se ponga en marcha? EL PERIÓDICO L'Hospitalet ha preparado la siguiente guía de claves para entender L'Hospitalet del futuro.

Los antecedentes judiciales, paso a paso

En marzo del 2017, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya aprobó el PDU Gran Via-Llobregat para reformar el sur de L'Hospitalet desde la plaza Europa hasta el río Llobregat. Ante un recurso contencioso-administrativo presentado por Canviem L'Hospitalet (ICV-EUiA y Alternativa Pirates), actualmente traducido en el espacio de En Comú Podem L'Hospitalet ('comuns'), en noviembre del 2020 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declaró nulo el plan. Esa nulidad de pleno derecho se repitió pocos días después, esta vez ante una acción judicial de ERC, CUP y la entidad ecologista Depana. En la primera nulidad, el TSJC apeló a una cuestión competencial: apuntaba al Área Metropolitana de Barcelona, y no a la Generalitat, como competente para impulsar el plan. En la segunda, el tribunal criticó la incorrecta ubicación de las zonas verdes que preveía el proyecto. Desde entonces, las inadmisiones de recursos interpuestos por la Generalitat, el Ayuntamiento de L'hospitalet y el Consorci se han ido sucediendo. La última, a principios de este mes de junio, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJC inadmitió un recurso de casación por interés casacional objetivo aludiendo nuevamente a la falta de competencia de la Generalitat en relación al primer PDU "en detrimento" de las "ignoradas" competencias metropolitanas. En cualquier caso, en la actualidad, cuando ya se está trabajando en una reformulación completa del plan, todo este histórico judicial queda en un segundo plano, más allá de los efectos reales que tiene sobre el nuevo PDU.

¿Cómo afectaría la reordenación a la ciudadanía?

Lo primero a tener en cuenta sobre esos efectos reales que, en caso de salir definitivamente adelante, tendría para la ciudadanía el nuevo PDU, es que es un proyecto a "15 ó 20 años vista", puntualiza Raúl Alvarín, director del Consorci per a la Reforma de la Gran Via. A partir de ahí, la potencial reordenación urbanística comprende cambios sustanciales. El primero, el soterramiento de la Gran Via de L'Hospitalet, que no es "el objetivo principal del Plan sino una consecuencia", agrega Alvarín, algo que a su juicio no aclaraba del todo el primer PDU. Consecuencia, concretamente, de la creación de un polo de actividad biomédica ('biopol') que dé encaje a un clúster -un conglomerado- de empresas vinculadas a la biomedicina en el que tendrían presencia el Hospital de Bellvitge; el campus de Ciencias de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB); eI Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL); y el Hospital Duran i Reynals, sede del Institut Català d'Oncologia (ICO). Según cálculos de un estudio que el propio Consorci encargó a la UB, el citado clúster biomédico, a pleno rendimiento, generaría potencialmente una riqueza de hasta el 1,82% del PIB total de Catalunya (unos 6.800 millones anuales), la cual se sumaría a la potencial creación de unos 29.000 puestos de trabajo directos en L'Hospitalet, especifica Alvarín.

¿Qué varía en relación al anterior PDU?

La principal variación de la reformulación del PDU en relación a la versión tumbada por los tribunales es la justificación del interés supramunicipal no sólo en el ámbito metropolitano, sino en el ámbito catalán como "proyecto de país". El informe económico-financiero de la anterior versión del PDU única y exclusivamente apelaba a la repercusión de la reordenación en las finanzas municipales de L'Hospitalet. "Es evidente que su influencia va mucho más allá, pero, al ver que únicamente se hacía mención a las finanzas locales, el juez tuvo razón al decir que el interés supramunicipal no estaba justificado", asume Alvarín. Según interpretan el director del Consorci y Víctor Contreras, ingeniero y jefe técnico de la entidad, no es que el juez, en abstracto, dijera que la Generalitat no es competente para impulsar cualquier PDU de L'Hospitalet, sino que no lo era concretamente en relación al texto anterior, centrado únicamente en las finanzas locales del municipio. Es por eso que el nuevo proyecto enfatiza la creación del 'biopol' y el potencial 1,8% del PIB catalán como argumentos que justifiquen el interés territorial del proyecto, algo que, agrega Alvarín, declaró la Comissió de Territori de Catalunya a finales del 2020. Ante la posibilidad de que los tribunales hipotéticamente pudieran volver a tumbar el proyecto por echar de menos al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), desde el Consorci responden: "En esta ocasión, el documento de declaración de justificación territorial es muy sólido. Además, justo ahora estamos constituyendo una comisión mixta entre el Departament de Territori y el AMB que exige la Llei de Mesures Fiscals i Financeres".

Las críticas medioambientales que compra el nuevo Plan

A pesar de que los tribunales, más allá de la incorrecta ubicación de determinadas zonas verdes, no entraron a discutir el fondo del PDU, desde el Consorci subrayan que la nueva ordenación compra la mayoría de críticas medioambientales de la oposición. ¿Las hubieran incluido en caso de no haber existido el revés judicial? "Eso no lo sé", responde el director Raúl Alvarín, "pero como existía la reivindicación hemos querido incluirlas para buscar el máximo consenso entre grupos políticos, entidades y ciudadanía". Así, la reformulación del plan contempla ahora la preservación, como zona de conexión ecológica de L'Hospitalet con el río Llobregat, del 85% del uso agrícola de la masía de Can Trabal -principal caballo de batalla de la oposición-, "el único espacio agrícola que queda en el territorio metropolitano comprendido por las rondas", asevera Alvarín; la rebaja de la edificabilidad del proyecto en un total de 70.000 metros cuadrados de techo edificable; o la no inclusión de zonas verdes "en nudos viarios sin acceso", tal y como exigía el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en su segunda sentencia.

Plazos y proceso participativo: así está el PDU hoy

La reformulación del PDU, todavía en fase de anteproyecto, está actualmente en pleno proceso participativo de ciudadanía, entidades y grupos políticos. Desde el Consorci prevén que su aprobación provisional se pueda producir entre septiembre y octubre de este 2022; la definitiva, en marzo del 2023, justo antes de las elecciones municipales (el 28 de mayo del 2023). El proceso participativo actual, todavía en marcha, ha registrado la exigua participación de 141 personas con 43 aportaciones a la reformulación del Plan, basadas en su mayoría en la sensibilidad medioambiental propia de los tiempos, un paradigma que desde el Consorci aseguran haber tenido en cuenta en el nuevo PDU. A pesar de la baja participación en este proceso, existen dos amplios consensos fundamentales: el soterramiento de la Gran Via y la creación del clúster de biomedicina. Así lo afirma Antoni Garcia (ERC), líder de la oposición en L'Hospitalet, que a pesar de asumir el citado consenso explicita ciertas "líneas rojas": conseguir que la protección agrícola de Can Trabal llegue al 100%; incluir en el nuevo PDU la Masía de Torre Gran; y reducir la edificabilidad con óptica medioambiental todavía más. En términos similares se expresa Ana González, portavoz de los 'comuns' de L'Hospitalet. "Aunque estamos contentas de que nuestras reivindicaciones se contemplen en el nuevo PDU, y a pesar de que siempre hemos estado de acuerdo con la creación del 'Biopol' y el soterramiento de la Gran Via, nos sigue preocupando la falta de concreción, porque no sabemos qué empresas podrían venir, así como la conexión del transporte público y la volumetría", argumenta González. Tanto ERC como 'comuns' plantean la posibilidad de someter la decisión acerca del nuevo PDU a un referéndum local, "una consulta ciudadana vinculante", fórmula que a día de hoy no está encima de la mesa. Por su parte, Miguel García, portavoz de Ciutadans en L'Hospitalet, hace hincapié en la "excesiva volumetría" del Plan, "sobre todo teniendo en cuenta la escandalosa densidad de población de la ciudad"; en la necesidad de plantear una infraestructura de transporte público "porque sólo nos faltaba más contaminación"; y en las dudas que les sugiere "de dónde van a salir los millones que requiere la inversión", concluye el concejal.

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