Investigan si el Consell Esportiu de L'Hospitalet ocultó 180.000 euros anuales de los casales de verano

La juez que investiga el presunto desvío de subvenciones en el Consell Esportiu de L'Hospitalet indaga si la entidad ocultó entre 180.000 y 200.000 euros anuales que ingresaba con los campamentos -casales- de verano en los presupuestos presentados para recibir subvenciones. El segundo teniente de alcaldesa de L'Hospitalet, Cristian Alcázar; el exconcejal de Deportes, Cris Plaza, y el director del Consell Esportiu, Eduard Galí, han vuelto a comparecer este lunes como investigados en este caso, en el que también están imputados la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, y el ex secretario de Deportes de la Generalitat Gerard Figueras.

Las nuevas declaraciones se enmarcan en la llegada de nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que señalan posibles irregularidades en la elaboración de los expedientes de subvención presentados por el Consell Esportiu de L'Hospitalet entre 2015 y 2018, han explicado fuentes jurídicas.

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En su declaración, han indicado las mismas fuentes, Alcázar, Galí y Plaza han vuelto a defender su gestión y han señalado como responsables de las cuentas al contable de la entidad, que falleció recientemente, así como a la administrativa encargada de la gestión económica, que denunció el caso junto con el concejal Jaume Graells.

Las cuotas de los casales de verano son la partida más voluminosa de los ingresos no declarados en los presupuestos que se presentaban para optar a las subvenciones que señala la UDEF. Sin embargo, también aparecen otros ingresos, en cantidades menores, por formaciones de árbitros, monitores o técnicos deportivos.

Contrato de arbitrajes en Cornellà

En declaraciones los periodistas, el abogado Enrique Leiva, que representa a la acusación popular ejercida por L'Hospitalet en Comú, ha explicado que en las comparecencias de hoy también se ha tratado el contrato de arbitrajes que el Consell Esportiu formalizó en 2018 con el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), y por el que se pidió un crédito y un aval.

"Hubo una supuesta falsedad en un acta de la junta directiva del Consell para poder formalizar las autorizaciones y apoderamientos necesarios para que alguna persona fuese ante notario y constituyera un aval que se tenía que presentar en el Ayuntamiento de Cornellà para poder llevar a cabo este contrato de arbitrajes. Y, por otro lado, para contratar una póliza de crédito a favor del Consell Esportiu", ha relatado el abogado de la acusación.

Según Leiva, los investigados han defendido que el objetivo del contrato era que el Consell tuviera liquidez. Sobre estos hechos, el abogado ha explicado que la jueza ha abierto una pieza separada y que se ha inhibido en favor de los juzgados de Cornellà, que todavía tienen que pronunciarse sobre si aceptan el caso.

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