Vulnerabilidad Social

La presión ciudadana para el desahucio de una familia con tres hijos menores en L'Hospitalet de Llobregat

  • Cerca de 50 personas movilizadas por el Sindicat de Inquilinos se han movilizado a las puertas del inmueble

  • Según detallan miembros de la entidad, la orden para echar a los inquilinos ha quedado aplazada hasta abril, pero confían en que el juez reconsidere el caso

Miembro del Sindicato de Inquilinos llamando a la movilización para frenar el desahucio

Miembro del Sindicato de Inquilinos llamando a la movilización para frenar el desahucio / ACN

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Cerca de 50 personas movilizadas por el Sindicat de Llogateres i Llogaters han parado este jueves el desahucio de una familia con tres hijos menores en L'Hospitalet de Llobregat. La propietaria del piso avisó a los inquilinos que quería venderlo e inició el proceso judicial para echarlos. La familia entregó 30.000 euros para quedarse el inmueble, pero el proceso en los juzgados siguió su curso.

Mientras tanto, la propietaria huía con el dinero y revendía el piso a un gran tenedor. Todo un periplo que ha dejado los inquilinos en situación vulnerable, como recoge un informe de los Servicios Sociales emitido las últimas horas a instancias del Sindicat de Llogateres i Llogaters. La entidad recuerda que el actual estado de alarma impide la ejecución de desahucios.

"Es vergonzoso que la nueva ley sea insuficiente para detener los desahucios, cuando se supone que debería servir para frenar todo", se queja a ACN Marlene Meneses, del Sindicato de Inquilinos, que lamenta que tenga que ser la acción de los movimientos sociales la que frene casos como el de este jueves en L'Hospitalet.

Meneses considera que el veto a los desahucios durante el estado de alarma es un "disfraz" anunciado por el gobierno español, "mientras engañan los contribuyentes y engordan los bolsillos de los fondos buitre y los grandes tenedores".

Un caso especialmente inusual

La entidad subraya que el caso parado en el barrio de la Torrassa de L'Hospitalet es especialmente inusual. La entidad relata que la Hind, en Salehdine y sus tres hijos viven en este piso de la calle Alegría desde el 2011, pero en mayo del 2019 la propietaria les negó la renovación del alquiler porque tenía intención de vender la vivienda. En medio de las negociaciones para poder seguir viviendo en el piso, la propietaria inició el proceso judicial para desahuciarlos.

El Sindicat de Llogateres i Llogaters apunta, sin embargo, que los inquilinos vendieron unas propiedades de su país de origen y consiguieron 30.000 euros que depositaron como arras para poder comprar el inmueble. Con este dinero entregado, la propietaria les garantizó que detenía el proceso judicial anterior y daba por cubierto el alquiler hasta que se acabara de materializar la compra-venta.

A pesar del acuerdo, el mes de julio la mujer huyó con el dinero, y la Hind y en Salehdine supieron que el piso había sido vendido a Josblama SL, un gran tenedor con inmuebles en diferentes municipios del estado español.

"Tenían un compromiso para poder seguir viviendo aquí, pero ahora se encuentran que el proceso judicial para desahuciarlos sigue adelante con el nuevo propietario, y ellos se han quedado sin dinero", lamentan desde el Sindicat de Llogateres i Llogaters.

Informe de vulnerabilidad

Una situación que la entidad ha trasladado insistentemente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, que este pasado miércoles por la noche emitieron un informe que refleja la vulnerabilidad de esta familia, con un bebé de menos de tres meses, y otros dos hijos, de 6 y 8 años.

El Sindicat de Llogateres i Llogaters asegura que este informe emitido in extremis y la movilización de este jueves en la puerta de la vivienda han sido la clave para detener el desahucio. Hasta el inmueble se han acercado la procuradora y un representante de la propiedad, que han contactado con la comitiva judicial y han acordado posponer el desahucio por segunda vez -el primer aviso fue a mediados de diciembre-.

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Según detallaron miembros de la entidad, la orden para echar a los inquilinos ha quedado aplazada hasta abril, pero el colectivo confía en que el juez reconsidere el caso. Piden que el magistrado tenga en cuenta que la familia tiene tres hijos y que ha sido presuntamente estafada en el proceso de compra del piso -que han denunciado a la justicia y sigue un camino paralelo al desahucio-.

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