Vecinos de unos edificios de la Obra Social 'la Caixa' demandarán a la entidad por incumplimiento de contrato

Un centenar de vecinos de Pota Nord, una promoción de viviendas de alquiler asequible en L'Hospitalet de Llobregat impulsada por la Obra Social de 'la Caixa', estudian presentar una demanda conjunta por incumplimiento de contrato. Denuncian que en el contrato de alquiler que firmaron en 2014 había una cláusula que les permitía adquirir los pisos pasados 10 años y que ésta, en el momento de renovar los contratos a los cinco años, ha desaparecido "sin previo aviso".

Además, aseguran, que cuando pidieron explicaciones y mostraron su malestar, les coaccionaron para firmar el nuevo contrato sin la cláusula con la amenaza de que si no lo hacían deberían marchar de los pisos en un mes.

David, uno de los vecinos afectados, recuerda que los pisos se adjudicaron por sorteo en 2014 "con mucha pompa y publicidad" y denuncia que ahora la Obra Social de 'la Caixa' quiere incumplir las condiciones iniciales sin darles ningún tipo de explicación. "Nos entregaron los pisos como si nos hubiera tocado la lotería y muchos nos organizamos la vida con la previsión de poder comprar la vivienda pasados unos años a un precio razonable", añade.

Sin oportunidad de estudiar los contratos

Los vecinos recuerdan que los terrenos donde se construyeron las viviendas los cedió un particular con la condición de que se destinaran a vivienda protegida o a equipamientos escolares, y que con esta decisión "unilateral e injustificada", la entidad financiera está "contraviniendo" esta voluntad.

Los inquilinos, que pagan unos 650 euros al mes por unos pisos de unos 80 metros cuadrados, aseguran que la Obra Social de 'la Caixa' ha visto la "oportunidad de hacer negocio" con unos pisos que están muy bien situados y que le pueden dar mucho más beneficio alquilándolos que vendiéndolos como se había comprometido.

Oscar Serrano, abogado del Col·lectiu Ronda, que representa a los vecinos, considera que esta forma de proceder constituye un "grave e injustificado incumplimiento" por parte de la entidad financiera y una "rotura ilícita de la legítima expectativa" de los inquilinos de Pota Nord.

El abogado de los vecinos, además, critica que en el momento de firmar las renovaciones, los arrendatarios no pudieron leer ni estudiar los contratos. "Hubo una situación supresiva con una renuncia de facto de un derecho, como era el de comprar las viviendas pasados los 10 años, sin la voluntad de los inquilinos", añade.

La entidad no les responde

Serrano explica también que se han puesto en contacto en varias ocasiones con la entidad financiera y que su respuesta ha sido que "no quieren hablar del tema" porque tienen decidido seguir alquilando las viviendas “incumpliendo un compromiso inicial nítido y claro".

Por último, desde el Col·lectiu Ronda, aunque dejan claro que "no tiene ninguna responsabilidad jurídica", instan al Ayuntamiento de L'Hospitalet a asumir su "responsabilidad política" porque en el momento de entregar las viviendas el consistorio "hizo publicidad" de la promoción y de que los beneficiarios del sorteo pudieran comprar los pisos pasados 10 años. "El Ayuntamiento todavía no se ha posicionado, pero esperamos que se ponga del lado de los vecinos", añade.

Misma situación en Mataró

La situación de los vecinos de de Pota Nord se asemeja mucho a la que denuncian un grupo de inquilinos de Mataró. En concreto, 80 vecinos de Mataró también denunciaron semanas atrás un cambio en el contrato de alquiler en los pisos de El Rengle que les impide comprar su vivienda tras los diez años transcurridos, tal y como aseguran que les había prometido la propietaria del edificio en el Passeig de Marina, en este caso la Fundación ‘la Caixa’.

Los inquilinos afirman que, después de los primeros cinco años de alquiler, se les hizo firmar un segundo contrato donde la cláusula de compra “había desaparecido”, aunque firmaron "confiando en la buena fe" de la finalidad social.

Así, si la entidad propietaria no acaba aceptando la opción de compra, los inquilinos deberían abandonar las viviendas de aquí un año, plazo hasta la finalización de los primeros contratos.

En oposición, la entidad bancaria remarca que, aunque “legalmente” no puede pronunciarse hasta octubre de 2021 -cuando finalizan los primeros contratos-, los inquilinos eran “conscientes” de la modificación y firmaron el segundo contrato “sin la cláusula sobre la opción de compra”.

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