La Diputació movilizará 1.000 millones de euros para reactivar la economía de los municipios barceloneses

La presidenta de la Diputación de Barcelona (DIBA), Núria Marín, acompañada de la vicepresidenta segunda, Carmela Fortuny, ha anunciado que el govierno provincial pretende, a raíz de la crisis derivada del covid-19, movilizar 1.000 millones de euros en tres años para la “reactivación económica y social” de los municipios de la provincia de Barcelona.

Fortuny ha explicado que el objetivo de esta inyección de dinero es “garantizar la liquidez y solvencia” de los ayuntamientos para estimular las economías locales y "que ningún territorio se quede atrás”. Fortuny también ha apuntado a que estos fondos son una buena oportunidad para incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030 en las políticas municipales. “La pandemia ha dejado claro que la acción climática es una prioridad asumible e inaplazable”, ha destacado.

Así, el ‘Compromiso municipal (2020-2023) con la reactivación económica y social de la Diputación de Barcelona’ se desarrollará en dos fases. Por un lado, a través de un plan de choque dotado con 100 millones de euros para hacer frente “de forma inminente” a los efectos de la pandemia del covid-19. Por otro, la DIBA destinará 900 millones de euros  –repartidos hasta 2023- para “reactivar las ciudades y pueblos de la provincia”.

Aunque el plan se ha anunciado hoy, para poder ponerse en marcha primero debe ser aprobado en el pleno del próximo 28 de mayo. Respecto a esto, Marín ha señalado que prevé “pocos problemas” para que salga adelante. “Hemos recogido cuestiones de otros grupos políticos de la oposición”, ha añadido.

Plan de choque por el coronavirus

Los 100 millones del plan de choque, que procederán de remanentes ahorrados y de algún cambio de partida presupuestaria y se pondrán en marcha a partir del 1 de junio, se destinarán a cubrir gastos sociales extraordinarios, a la mejora de caminos municipales, reforzar la economía local y el empleo y para la reactivación cultural.

Las dos principales partidas de este plan serán para reforzar la economía local y para reanimar la actividad sociocultural –cada una dotada con 30 millones de euros-. Respecto a la partida económica, la DIBA pretende combatir el desempleo que se ha generado -y se seguirá generando- a causa de la crisis sanitaria con, por ejemplo, una ampliación de los servicios de ocupación municipales.

En relación a las ayudas de ámbito sociocultural, Marín ha recordado que la demarcación cuenta con “30.000 niños y niñas vulnerables que deben tener las mismas oportunidades”. Los 40 millones restantes se dividirán en: gastos extraordinarios en el ámbito de bienestar social (15 millones);  gastos corrientes y extraordinarios que hayan realizado los ayuntamientos, como la habilitación de espacios de acuerdo con los criterios de distanciamiento social (15 millones); mejorar la conectividad de la fibra óptica de municipios más aislados (10 millones).

Segunda fase, hasta 2023

La segunda fase del plan está prevista que entre en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2021 y que, desde entonces, se extienda hasta 2023. Aunque no ha concretado de dónde saldrán estos 900 millones, Marín ha señalado que el departamento económico de la Diputació ya ha dado “luz verde” para seguir adelante con el plan. Así, Marín ha añadido que espera que la segunda fase no se limite a los 900 millones y que estos se puedan ampliar.

Por ahora, 300 millones se destinarán a inversiones para fomentar la diversificación económica del territorio y otros 410 se destinarán a la actualización del catálogo de servicios-una partida que aumentará su financiación en un 60%-. Además, 140 se reservarán para programas específicos ante nuevas emergencias y se reservarán otros 50 para cofinanciar programas europeos.

Por otro lado, Marín ha aprovechado la presentación del plan para reclamar una mayor colaboración entre administraciones y ha solicitado más recursos al Govern y al Gobierno. A este último, la presidenta de la DIBA también le ha pedido que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit y remanente para hacer frente a la crisis, una demanda que también han solicitado distintos alcaldes catalanes desde el inicio de la pandemia.