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FALTA DE ALQUILER SOCIAL

La odisea de Ingrid, la vecina de L'Hospitalet acampada desde hace un mes ante la puerta del Ayuntamiento

Tras sufrir dos desahucios en menos de un año, el último el 31 de julio, decidió plantarse para reclamar "una alternativa habitacional justa" para ella y su hijo de 5 años

Desde el Ayuntamiento explican que todas las viviendas de alquiler social de la ciudad están ocupadas, y alegan que las alternativas ofrecidas a Ingrid han sido rechazadas

Aitana Glasser

 Ingrid, en el centro de la imagen, acompañada por el portavoz de la PAH L’Hospitalet, Didac Segura, y otra miembro de la plataforma

 Ingrid, en el centro de la imagen, acompañada por el portavoz de la PAH L’Hospitalet, Didac Segura, y otra miembro de la plataforma / A.G.

Este sábado se cumple un mes desde que Ingrid decidió tomar la decisión de acampar a las puertas del Ayuntamiento de L’Hospitalet. Lo hizo tras sufrir dos desahucios en menos de un año y verse en la calle con su hijo de 5 años sin la posibilidad de conseguir “una alternativa habitacional justa y digna” para ambos, explica en su improvisado asentamiento, desde donde ahora la reclama.

Aquí, frente al consistorio de la que lleva siendo su ciudad desde hace seis años y rodeada de compañeros y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de L’Hospitalet, Barcelona y otras ciudades de la zona, lleva pidiendo desde el 31 de julio una vivienda de alquiler social en la que poder quedarse junto a Justin, con quien hasta ahora y desde hacía medio año vivía en un piso ocupado de la ciudad.

Hasta llegar a esta situación, Ingrid y su hijo han vivido un periplo que empezó en septiembre el año pasado, cuando fueron desahuciados del piso en el que vivían desde hacía cinco años en el barrio de Santa Eulàlia. “Tenía un trabajo fijo, pagaba 600 euros de alquiler y podía pagarlo bien, pero la empresa en la que trabajaba cerró y dejó a todo el mundo en la calle, justo cuando estaba a punto de vencer el contrato de alquiler de 5 años”, narra Ingrid, que llegó a Barcelona desde su Ecuador natal hace ya 18 años.

Ante esta situación y sin la posibilidad de llegar a un acuerdo con la propietaria del inmueble, el 27 de septiembre fue desahuciada antes incluso de recibir la carta con la fecha del lanzamiento. Desde entonces, ha estado buscando a través los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Oficina d'Habitatge una solución habitacional para ambos, viviendo mientras en casa de amigas y conocidas.

Dos desahucios en menos de un año

A finales de diciembre llegó a la PAH, y allí le explicaron “que había muchos pisos de bancos que estaban cerrados y tapiados, mientras que gente como yo estaba en la calle”. Fue entonces cuando decidió ocupar un piso recién "liberado", en el que ha vivido hasta ahora, propiedad del banco Kutxabank -cuya sucursal se encuentra, paradójicamente, a tan solo unos metros de la tienda de Ingrid-.

A los cuatro meses, los miembros de la plataforma pudieron parar la primera orden de desahucio. En julio llegó la siguiente, y el 31 de julio la definitiva. “Nadie se lo esperaba”, asegura Ingrid, porque no tenía fecha cerrada. Fue entonces cuando tomó una decisión: “Me dije, si hay una Ley 24/2015 que me ampara, ¿por qué no la aplican? Mi hijo y yo tenemos un derecho, y nos han dejado en la calle. Pues estaremos en la calle”, cuenta con firmeza.

Tiendas de campaña instaladas frente al Ayuntamiento de L'Hospitalet / A.G.

Alternativas habitacionales

El Ayuntamiento le ofreció una alternativa habitacional temporal: tres o cuatro días de alojamiento en la residencia municipal Els Alps, o bien una ayuda para pagar una habitación o una pensión. “Desde el inicio rechazó legítimamente esta ayuda, y optó por llevar a cabo esta reivindicación”, cuenta Jesús Husillos, teniente de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de L'Hospitalet. 

Una alternativa que, aunque en principio es provisional, según Husillos “es prorrogable en función de su cumplimiento y su compromiso con su propio plan de trabajo”. Sin embargo, para Ingrid esta solución “no es justa”, ya que tras estos cuatro días volverá a quedarse otra vez en la calle. “Siempre he protegido a mi hijo y no creo que el albergue sea la solución. Dije que podía ir yo, pero él no, y me dijeron que teníamos que ir los dos”.

“Estamos aquí para que se encuentre una solución, pero una adecuada, no cualquier solución”, defiende Dídac Segura, uno de los portavoces de la PAH L’Hospitalet que acompaña a Ingrid frente al consistorio. “Le dicen que busque ella un piso o una habitación, y eso con 300 euros que cobra (del subsidio por desempleo) es imposible, y más con un niño y al precio que está el alquiler; es como decirle que se vaya de L’Hospitalet”, añade Segura, que sigue defendiendo que “lo ideal -en su caso- es que le den un piso de alquiler social”.

 

Falta de vivienda de alquiler social

Una solución que, para el consistorio, se antoja imposible, pues según Cristian Alcázar, teniente de alcaldía de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, en L’Hospitalet hay actualmente 326 pisos de alquiler social, “que son la suma de los pisos patrimoniales del consistorio y los 50 cedidos hace dos años por la Sareb (238 en total) y los 88 cedidos por la Generalitat”, pero están todos ocupados, a excepción de seis que están siendo reformados. Una problemática -la de la falta de alquiler social- que, recuerda "no afecta solo a L'Hospitalet", sino que sufren la mayoría de ciudades, como demuestran casos similares en Cornellà o Badalona.

A través de la Mesa de Emergencia Social, Ayuntamiento y Generalitat atienden los casos de las familias solicitantes registradas en el Ayuntamiento y, en función de sus características y la disponibilidad de viviendas determinan las adjudicaciones de pisos. “En estos momentos hay 343 solicitantes de pisos de alquiler social”, asegura Alcázar, “por tanto, y aunque el caso de Ingrid haya cobrado más protagonismo, estamos dando respuesta, con los recursos que tenemos, a una demanda que requeriría de una implicación más importante por parte de la Generalitat”, defiende el edil, que también pide "más implicación" al gobierno estatal.

Alcázar alude además a la necesidad de los afectados de "dejarse ayudar” y reprocha a Ingrid que “rechazara” la “primera solución” que se le dio desde el consistorio. “Si empezamos por rechazar el primer paso, no habrá ni segundo ni tercero, porque los servicios sociales se encuentran el camino cerrado”, asegura el teniente de alcaldía, que añade que el Ayuntamiento no tiene "soluciones a la carta”. "La solución no es pedir una cosa y, si no se te da, acampañar en la plaza del Ayuntamiento, como si eso te diera más derecho que a cualquier otro solicitante, que tiene el mismo que tú a tener una solución lo más pronto posible", critica el teniente de alcaldía. 

El problema de los pisos vacíos

Sin embargo, desde la PAH reprochan que el consistorio se escude en la falta de vivienda, “cuando hay más de 5.000 pisos vacíos en la ciudad y ellos no están haciendo su función de multarlos o de mediar para que sean alquileres sociales”, apunta Didac Segura, que asegura que, tras un mes de julio "muy movido", con hasta 3 desahucios simultáneos en un día, auguran un septiembre “todavía peor”, en el que hay ya unos ocho desahucios programados.

Alcázar sostiene que el consistorio no puede "ni confirmar ni desmentir” la cifra de pisos vacíos, ya que "tener una estadística fija es complicado”, del mismos modo en que lo es imponer sanciones, ya que “demostrar que un piso está vacío realmente no es tan sencillo”, algo que el Ayuntamiento ya se propuso hacer hace tres años, cuando anunció que daría un ultimátum a las entidades financieras con inmuebles vacíos.

“El piso en el que estaba ahora está vacío; me echaron para tapiarlo y cerrarlo. Y si ahora no estoy yo, debería estar otra familia que lo necesite, porque es injusto”, defiende Ingrid, que señala que, ante la proliferación de mafias y alternativas ilegales surgidas a raíz de la problemática de la vivienda, ella sigue reclamando “una alternativa legal”: “Yo quiero trabajar y quiero pagar". 

Un problema generalizado

La vecina de L'Hospitalet narra su historia con un ojo puesto en la conversación y otro en su hijo, que está jugando junto a otros niños en la plaza del Ayuntamiento. “Él no entiende lo que está pasando, no está en edad de enterarse de estas cosas, pero se da cuenta, me ve llorar y me pregunta”, reconoce la madre, que dejó a toda su familia -que desconoce su situación- en su país de origen. Explica que ahora está aquí porque está malo, pero que el consistorio le facilitó durante todo el mes de agosto una plaza en un ‘casal' de verano con comedor. Mientras, el resto del tiempo lo pasa en casa de unas amigas.

“Si estoy aquí es por él, y por las compañeras que vienen detrás mío”, señala Ingrid, que añade que, a raíz de su caso y su implicación en la PAH, muy volcada con su causa, ha conocido a otras personas en una situación similar. Algunas se acercan a visitarla a la carpa. “Aquí estamos para vencer, no para llorar”, le dice la miembro de una PAH de la zona que ha venido a verla. “Nosotros llevamos así 5 años, con mi hija y sus tres críos; ahora vivo en la que era mi propia casa, pero de okupa”, le cuenta. 

Como ella, tantos otros. Maryury Coello, otra vecina de L’Hospitalet, se unió a la lucha de Ingrid el pasado 2 de agosto, y protesta desde entonces con ella frente al consistorio. Con tan solo 25 años, llegó hace dos de Honduras con sus dos hijos buscando asistencia sanitaria para su hija menor, de 3 años, que nació con una malformación anorectal y ha sido sometida hasta a ocho operaciones en su país y en el hospital Sant Joan de Déu.

“Estuve trabajando un tiempo, y gracias a eso y a mis ahorros conseguimos ocupar un piso en Can Serra, pero el banco no quiso llegar a un acuerdo de alquiler social y nos desalojaron a la semana”, cuenta Coello, ahora embarazada de su tercer hijo. Tan solo un día después, se enteró del caso de Ingrid y decidió sumarse.

El Ayuntamiento le ofreció la misma solución que a su compañera, algo que para ella se antoja todavía más complicado, ya que está en proceso de conseguir documentación y sin ella no puede alquilar una habitación o un piso. “No puedo volver a mi país, porque el tratamiento de la niña va para largo”, reconoce Maryury, que advierte de que su intención es “estar aquí con Ingrid hasta que nos den una solución”.

Apoyo de la ciudadanía

A la carpa instalada frente al consistorio también se acercan vecinos y curiosos que preguntan a Ingrid por su caso. Generalmente, “sobre todo las personas de 20 a 40 años”, le ofrecen apoyo y “me dicen que entienden lo que estoy haciendo". Incluso hay unas vecinas que, desde el primer día que empezó la acampada, le ofrecieron víveres y la posibilidad de ducharse en su casa, “sin ni siquiera conocerme de nada".

El caso se complica con algunas personas mayores, reconoce Ingrid, que asegura haber sufrido más de un episodio de racismo. “Hay personas que me dicen que, si soy ecuatoriana o de donde sea, mi problema me lo pueden solucionar en mi país”, lamenta. “Yo les digo que este no es mi país, pero que estoy aquí legalmente, trabajando, pagando mis impuestos y consumiendo, y que no he venido aquí a delinquir”.

A pesar de ello, “algunos me contestan que también hay españoles en la calle, y que yo no tengo derecho a reclamar nada por ser de fuera”. Una situación que, si bien no es generalizada, desde la PAH reconocen que se han encontrado en más de una ocasión. “Más que racismo, hay microracismos”, defiende Segura, que reconoce que la gente autóctona se cree con “más derecho” que las personas migrantes a disponer de una vivienda.

Mientras no tenga otra alternativa, Ingrid pretende seguir plantada frente al consistorio, aunque no descarta ir más allá. “He hablado con mis compañeros y por ahora seguiré aquí. Si no se da una solución en la primera semana de septiembre -con el inicio del curso político tras las vacaciones-, cuando espero poder hablar con la alcaldesa, pensaremos en otra cosa, no sé, quizá ocupemos el Ayuntamiento”, sentencia Ingrid.

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