Julio Iglesias, ¿y ahora qué hacemos?

Esta semana, en Espejo Público, explicaban que Julio Iglesias estaría preparando una demanda contra Univisión y eldiario.es (medios que destaparon los testimonios de dos ex empleadas que acusaban al cantante de agresiones sexuales y trata de seres humanos) y que la cifra que les reclamaría podría alcanzar los 200 millones de euros. Esto llegará después de la demanda de conciliación que esta semana el cantante ya ha interpuesto contra Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno. Es decir, estos días el conflicto ha dejado de ser solo mediático. Ya es judicial. Y, oh sorpresa, es judicial del lado que quizás muchas no esperábamos. Porque, ante testimonios de víctimas, lo que imaginamos es que el foco judicial se dirigirá hacia el señalado. Y no. Ha ocurrido lo contrario.

A partir de aquí, las Mamarazzis hemos estado pensando en nuestra profesión. En cómo informamos y en cómo, a partir de ahora, deberemos informar. Pensábamos estos días en 'Spotlight', la película que ganó el Oscar y que cuenta la investigación real del equipo Spotlight del The Boston Globe sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Boston y el encubrimiento sistemático de la Iglesia. Aquello no empezó con sentencias firmes. Empezó con periodistas escuchando víctimas, revisando archivos, llamando puertas, contrastando datos y publicando lo que encontraban. Esa investigación ganó el Pulitzer y cambió la conversación mundial sobre los abusos en la Iglesia. Si hubieran esperado a que todo estuviera judicialmente cerrado para contarlo, probablemente el destino de muchas víctimas hubiera sido aún peor.

El periodismo no condena. No sustituye a los jueces. Pero sí tiene la obligación de investigar y de explicar lo que está ocurriendo cuando hay interés público. Y cuando hablamos de figuras con un poder económico y mediático descomunal, el equilibrio es todavía más delicado. Porque aquí entra otro factor: el miedo. Cuando una persona con una capacidad económica infinitamente superior a la de cualquier redacción anuncia demandas millonarias, el mensaje es claro. Aunque tengas razón, aunque hayas matizado, aunque hayas dicho “presuntamente” veinte veces, el coste de defenderte puede ser asfixiante.

Los códigos deontológicos son claros: hay que diferenciar hechos de opiniones, dejar claro qué es una denuncia y qué es una condena, respetar la presunción de inocencia, ofrecer la versión de la parte señalada, evitar el sensacionalismo. Nada de eso es incompatible con informar desde una perspectiva feminista. Al contrario: la perspectiva de género precisamente obliga a contextualizar por qué históricamente tantas denuncias de abusos no fueron escuchadas o fueron ridiculizadas. Informar con perspectiva de igualdad no es declarar culpable a nadie. Es no silenciar testimonios por el simple hecho de que incomodan. Entonces la pregunta no es si debemos informar. La pregunta es cómo hacerlo bien cuando enfrente hay un poder gigantesco dispuesto a judicializarlo todo.

Nosotras no somos juezas. No dictamos sentencias. Escuchamos, leemos, contrastamos, preguntamos y explicamos lo que sabemos en cada momento, con todas las cautelas necesarias. Pero cuando la amenaza económica es desproporcionada y el mensaje implícito es “cuidado con lo que publicáis”, la reflexión es inevitable: ¿Callamos por prudencia? Porque si la consecuencia de hablar de tema Julio Iglesias puede llevarnos a demandas millonarias, el aviso es muy potente.

Llegados a este punto, ¿y ahora qué hacemos?

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