Nueva causa contra Shakira: la fiscalía le acusa de defraudar a Hacienda otros seis millones de euros en 2018

La Fiscalía de Barcelona acusa en su nueva querella a la cantante Shakira de haber defraudado a la Agencia Tributaria 6,1 millones de euros en el ejercicio de 2018 y, por esta razón, le atribuye dos delitos contra la Hacienda Pública. Con los intereses de demora, la deuda alcanza los 6,6 millones de euros. Esta nueva querella se está tramitando en un Juzgado de Esplugues de Llobregat y se suma al proceso judicial también por presunto fraude fiscal en años anteriores por el que se enfrenta a ocho años de prisión.

La acusación pública sostiene que la artista colobiana se aprovechó de un "entramado societario", con una empresa radicada en Luxemburgo, para no pagar impuestos en España. En estas operaciones también participaron compañías en España, Paises Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá y Liechtenstein.

La querella relata que Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) residía en 2018 en Esplugues de Llobregat junto con su entonces pareja, el exfutbolista Gerard Piqué y sus dos hijos. Al ser residente en España "estaba obligada", incide la querella, a presentar las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio por el total de sus rentas a nivel mundial, con independencia del lugar donde se hubiera producido el trabajo o la residencia del pagador.

La fiscalía sostiene que la cantante, "movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y dejar de ingresar en las arcas del Estado que le correspondía, de manera consciente y voluntaria" presentó declaraciones "inveraces" ante Hadienda, omitiendo datos sobre sus ingresos y "deduciendo gastos que no procedían". De esta manera, consiguió, a su entender, reducir el importe a ingresar en la Agencia Tributaria Estatal y de Catalunya.

En concreto, la querellada, en sus declaraciones tributarias no comunicó rendimientos por importe de 12,5 millones de dólares percibidos en forma de anticipo del 2011 y devengados en 2018 con ocasión de su gira musical "El Dorado" y tampoco otros 2,5 millones de euros que fueron domiciliados en dos sociedades interpuestas. Asimismo, según el escrito de la fiscalía, la cantante de Barranquilla dedujo gatos por duplicado por importe de tres millones de euros, por la amortización de sus propios derechos musicales por importe superior a otros tres milllones y por gastos personales "no justificados" por 500.000 euros.

Países con una baja tributación

Al entender de la fiscalía, Shakira, para no tributar el IRPF del ejercicio 2018, "se sirvió de un entramado societario", derivando sus ingresos a compañías domiciliadas en países de baja tributación y de "alta opacidad", como Luxemburgo. La acusación detalla como la empresa AC, participada por otra domiciliada en Malta, percibió ingresos por la cesión de derechos musicales de la cantante y "satisfizo y contabilizó" parte de los gastos de su actividad profesional, como una gira por Estados Unidos.

Para ello, la artista, "movida por el deseo de tributar lo menos posible", suscribió diferentes acuerdos (Tax Rulling) con las autoridades fiscales de Luxemburgo en las cuales se fijaban unas condiciones específicas de tributación, dando lugar a pagar menos impuestos. El tipo de gravamen era únicamente 1,39% sobre los ingresos ordinarios declarados por la sociedad. Para la acusación, esta sociedad era "interpuesta" e "instrumental" a los únicos efectos fiscales, pues no llegaron a ejercer ninguna actividad, "limitándose a una intervención meramente formal y administrativa".

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En ese entramado también participaría otra sociedad española, GGT, constituida por la artista y que fue creada con la finalidad de contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes a los conciertos celebrados en la gira “El Dorado” fuera de Estados Unidos.

Esta mercantil llegó a sus firmar "formalmente" un contrato con AC, la empresa de Luxemburgo, para prestar servicios derivados de esa gira. La fiscalía incluye en el operativo otras sociedades Paises Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá y Liechtenstein. En su opinión, todas ellas "carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos". "La única relación que la querellada tuvo con las Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá, Holanda, Luxemburgo y Liechtenstein fue el domicilio de las sociedades y entidades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional y mantuvo su patrimonio", subraya la acusación. Por lo tanto, agrega, fueron sociedades "instrumentales".