La fiscalía reclama cuatro años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario

La fiscalía reclama cuatro años de prisión y una multa de 8.300 euros para la extenista Arantxa Sánchez Vicario, así como para su exmarido Josep Santacana, por presunto alzamientos de bienes o insolvencia punible por urdir un plan para descapitalizar su patrimonio con el que evitar el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo y con el "ánimo de un enriquecimiento ilícito". Además, hay otras cinco personas acusadas para los que se pide tres años y medio o dos años y nueve meses de prisión.

El escrito la fiscalía señala que la tenista y su ex pareja presuntamente vendieron sus propiedades en España y Andorra para evitar pagar una deuda que tenían con la entidad bancaria. Por eso se pide responsabilidad civil subsidiaria a diversas sociedades que usaron en este proceso. La pareja debía pagar más de 5 millones de euros dejados como aval para hacer frente a una multa de 3,5 euros más intereses por evasión fiscal que le impuso el Tribunal Supremo en 2009. Pese a las reclamaciones, supuestamente, la entonces pareja vendió bienes para evitar abonar esta cantidad que se les reclamó por vía civil, lo que para el fiscal es un delito de alzamiento de bienes.

La acusación pública sostiene que el 27 de abril y el 1 de octubre del 2010, el Banco de Luxemburgo abonó al Banco de Sabadell 5,2 millones de euros como garante de la cantidad que esta última entidad bancaria tuvo que abonar como aval, a su vez, de la deuda que Sánchez Vicario tenía ante Hacienda. El banco luxemburgués envió a la tenista posteriormente un burofax reclamando esa cantidad y, al no proceder la extenista a su desembolso, interpuso una demanda civil que, al final, fue estimaba y obligaba a la deportista a pagar esos 5,2 millones, aunque con los intereses la suma final ascendía a 7,5 millones.

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La fiscalía detalla que Sánchez Vicario, "bajo la consigna" del que era su marido y en colaboración de los otros acusados, "idearon un plan consistente en descapitalizar su enorme patrimonio, frustrando de este modo el cobro" de dicha cantidad por el Banco de Luxemburgo. Lo hicieron con el "pleno conocimiento" de la "obligación de pago" de la deuda, tras recibir primero el burofax y después la demanda civil. La acusación detalla que se realizaron numerosas "maniobras": el vaciado de cuentas corrientes de extenista en seis bancos para que no hubiera saldo para embargar o la "desaparición" del dinero que había cobrado en concepto de reportajes en medios de comunicación, "cobrando de forma opaca" o haciendo que se perdiera la pista nada más percibirlo.

La exdeportista, subraya la fiscalía, también realizó un proceso de despatrimonialización inmobiliario "a través de sociedades e las que era titular real o fiduciaria", llevándose a cabo, bajo las directrices de su exmarido. La operación se efectuó en una decena de viviendas, varias plazas de aparcamiento, un local en un puerto deportivo y una serie de terrenos, entre otros bienes. "Realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener el dinero y ocultarlo para frustar el cobro" del Banco de Luxemburgo, relata la acusación pública.