Imanol Arias y Ana Duato, al banquillo por fraude fiscal

Los actores Imanol Arias y Ana Duato, el matrimonio Alcántara de la serie de TV1 'Cuéntame como pasó', están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Y no es niguna ficción. Ismael Moreno, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, ha propuesto juzgar a los dos intérpretes y con ellos a otros 29 imputados más —así como a seis personas jurídicas— por el bautizado como 'caso Nummaria'. Se trata de la trama diseñada en torno a este despacho de abogados madrileño –ya cerrado– donde, supuestamente, se montó todo un entramado para ocultar las operaciones económicas de sus clientes y pagar menos impuestos a Hacienda. 

Moreno atribuye a Imanol Arias y Ana Duato un delito contra la Hacienda Pública por defraudar más de 2,7 millones y 1,9 millones de euros, respectivamente. Aunque, en el caso de la actriz, el juez también le imputa otro de falsedad documental. Todo ello, dentro de una causa mucho más grande donde se investigan, además de estas dos infracciones, otras de insolvencia punible, estafa procesal y organización criminal atribuibles al resto de sospechosos.

"No me voy a morir debiendo dinero"

En la resolución del juez también se recoge que Imanol Arias, de 63 años, después de la inspección de la Agencia Tributaria y al inicio de las presentes actuaciones, ha realizado hasta ahora diversos ingresos por un montante de 2,3 millones de euros. El actor, que en una entrevista reciente aseguraba: «No me voy a morir debiendo dinero» en relación a este caso, está representando en Madrid la obra de García Mázquez 'El coronel no tiene quien le escriba'.

Por su parte, Ana Duato ha pagado también más de 800.000 euros por los años 2010, 2011 y 2012. Entre los acusados también figura el marido de Duato y productor de la serie 'Cuéntame como pasó', Miguel Ángel Bernardeu. «Estos ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor, en la serie 'Cuéntame".

Ocultación de patrimonio

Según el juez Moreno, el máximo responsable del bufete, Fernando Peña creó una estructura de sociedades –compuesta por un mínimo de 22 empresas, seis comunidades de bienes, una SICAV y una fundación– que tenía como "única finalidad" evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener así oculto el patrimonio que iba acumulando.

Para ello, se apoyó supuestamente en varias personas: en su hijo, Pedro Ángel Peña y en los jefes de los distintos departamentos del despacho. Todos ellos "actúan coordinadamente bajo la jefatura de Peña y con un reparto de funciones", subraya el escrito de Moreno, que incide que esta actividad ilícita se desarrollaba, al menos, desde el año 2005.

Una vez montado este entramado, los imputados facilitaron también estructuras jurídico-económicas a sus clientes para ocultar a Hacienda sus operaciones. «Los integrantes del despacho eran conscientes de que estas se iban a utilizar para actividades delictivas», apunta el magistrado, que describe entonces cómo los clientes se aprovechaban de esta red societaria para no pagar impuestos.