PATINAZO 'SOLIDARIO'

Las camisetas de la vergüenza de las Spice Girls

Unas prendas que promociona el grupo con un eslogan por la justicia de género' las fabrican mujeres en condiciones semiesclavistas en Bangladés

Mel B, Geri Halliwell, Mel C y Emma Bunton, con la camiseta ’solidaria’ que fabrican mujeres esclavizadas. 

Mel B, Geri Halliwell, Mel C y Emma Bunton, con la camiseta ’solidaria’ que fabrican mujeres esclavizadas.  / TWITTER / COMIC RELIEF

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Adrián Foncillas / Pekín

Algunas etiquetas arruinan el mensaje. Aquel 'Made in China' en las banderitas estadounidenses de los mítines donde Donald Trump defendía la industria nacional, por ejemplo. O el 'Made in Bangladés' de las camisetas con que las Spice Girls defienden la justicia de género. Se sabía ya que Bangladés no ofrece el mejor ecosistema para la mujer trabajadora y una investigación periodística ha concretado que la fábrica de donde salen las camisetas no ejerce de excepción.

La intención era loable: las camisetas se venden por 22 euros y más de la mitad de ellos van hacia un fondo que lucha por la igualdad de la mujer. Varias celebridades británicas ya se han fotografiado con la camiseta que incluye la leyenda “Quiero ser una Spice Girl” delante y “Justicia de género” detrás. Ese mensaje, aclararon, siempre “había estado en el corazón de la banda”.

Condiciones dickensianas

El diario 'The Guardian' describe condiciones laborales dickensianas: sueldos miserables, jornadas sin reloj y  abusos rutinarios. Apenas ganan 8.800 takas, el equivalente a 92 euros. Son la mitad de lo que exigen los sindicatos y están por debajo del salario de supervivencia. Suponen 30 céntimos de euro por hora si atendemos al teórico calendario de 54 horas semanales. Pero la teoría no frecuenta las fábricas bangladesíes. Los objetivos de producción, definidos como “imposibles”, obligan a estirar los turnos hasta las 16 horas a menudo. Las trabajadoras que no alcanzan sus cuotas sufren abusos verbales. “Prácticamente no cobramos nada. Los sueldos son mínimos. Casi no dan para subsistir”, relata una trabajadora al diario británico. “Utilizan un lenguaje muy abusivo como ‘esta no es la fábrica de tu padre’ o ‘la puerta está abierta si no cumples los objetivos de producción’. Otras veces usan un lenguaje más obsceno como ‘hermana de prostituta’ y otros que no puedo reproducir”, continúa.

Las cuatro Spice Girls que irán de gira este año. Falta Victoria, que no se quiso apuntar. / REUTERS

Un portavoz del grupo, que está promocionando la gira que harán en mayo y junio (sin Victoria, que no quiso alistarse al revival), ha revelado que las integrantes están “profundamente afectadas”. También lo está el fondo Comic Relief que protagoniza la campaña. El cuadro apunta a la tradicional madeja de subcontratas que permite a las compañías occidentales salvar la cara cuando arrecia el escándalo y a los empresarios locales atornillar impunemente a su plantilla.

Comic Relief ha defendido que comprobó las credenciales éticas del proveedor bangladesí pero que éste delegó en otra compañía sin comunicárselo. El primero ha asumido la responsabilidad y prometido que devolverá el importe a los compradores. La segunda ha negado las denuncias. Entre los propietarios de la fábrica, donde se aprietan 4.000 trabajadoras, figura un ministro del Gobierno que ganó recientemente las elecciones con un 96 % de votos. Los observadores internacionales las desdeñaron como una farsa.

La tragedia del 2013

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Las condiciones laborales en la industria textil de Bangladés son conocidas. El incendio que mató a más de 1.100 trabajadores en el 2013 llevó brevemente la atención global hacia esas fábricas que abastecen a los gigantes occidentales del sector. Bangladesh epitomiza esos eufemísticos “bajos costes de producción” traducibles por condiciones semiesclavistas.

La industria textil de Bangladés es la segunda del mundo, solo superada por China. Emplea a cuatro millones de trabajadores, casi todas mujeres, en más de 3.000 fábricas. La ropa concentra el 80 % de las exportaciones y el 10 % del PIB del país. Tras aquella desgracia de 2013 el Gobierno y las multinacionales prometieron acabar con los desmanes del sector. Un informe de Human Rights Watch, elaborado tres años después, revelaba que continuaban las míseras condiciones.

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