Viviendas protegidas
Seis municipios encargan una auditoría de gestión de los pisos de Visoren ante el “abuso” de precios
Servirá para esclarecer si la intención de la empresa de aplicar nuevos aumentos de precios para 2023 es legal
Los aumentos son de más del 20%, aunque en algunos casos se han dado incrementos mucho más exagerados
ACN
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Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), Bigues y Riells (Vallès Oriental), Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Calaf (Anoia), Tiana (Maresme) y Canet (Maresme) han hecho frente común para emprender acciones contra la actualización de precios que la empresa Visoren quiere aplicar sobre los inquilinos de las viviendas sociales que gestiona y que consideran un "abuso".
En estos municipios habría unas 250 familias que habrían sufrido un aumento "encubierto" del alquiler del 20% de media a partir de un incremento de las tarifas relativas a los consumos de agua y gas.
Los ayuntamiento encargarán ahora una auditoría de gestión de los pisos para "cargarse de razones jurídicas" en defensa de los vecinos. Por el momento, los ayuntamientos afectados, además de otros que podrían añadirse en los próximos días a este frente común, como Cunit (Baix Penedès), Palafolls (Maresme) o Manresa, han acordado con la empresa una suspensión cautelar de los aumentos previstos por un período de tres meses.
En paralelo, se quiere trabajar ahora de la mano de la Diputació de Barcelona, la Agència Catalana de l'Habitatge y la Agencia Catalana de Consum para estudiar las acciones a emprender.
Esclarecer si la situación es legal
"No es una problemática sencilla porque se trata de contratos privado entre la empresa y los inquilinos", avisa la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz. La auditoría, detalla la alcaldesa, servirá para esclarecer si la intención de la empresa de aplicar nuevos aumentos de precios para 2023 es legal.
También se analizará si el aumento retroactivo comunicado a los vecinos, a fecha 1 de enero de 2022, puede o no aplicarse en los nuevos recibos. Por lo general, en promedio, los aumentos son de más del 20%, aunque en algunos casos se han dado incrementos mucho más exagerados.
"Sólo para calentar el agua caliente, lo que a principios de 2022 eran 50 euros, en otoño ya eran 75 euros y ahora había un intento de cobro de 200 euros", asegura Pilar Díaz.
La alcaldesa de Esplugues de Llobregat apunta que no todos los casos son tan desproporcionados, pero defiende que facturas como éstas las ha visto después de que algunos vecinos se hayan dirigido al Ayuntamiento pidiendo ampara.
Sin embargo, la auditoría, afirma, ayudará a dar “seguridad y transparencia” a los vecinos para poder actuar. En este sentido, el alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, recuerda que en los pisos afectados viven "en algunos vulnerables" y denuncia que la empresa quiera realizar un "aumento encubierto del alquiler de viviendas por una vía secundaria".
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