La fluidez de la actividad económica, sin trabas ni barreras entre países, es una de las cuestiones que centran la atención de la comisión del Parlamento Europeo que se ocupa del mercado interior y los derechos de los consumidores.

Se trata de uno de los aspectos clave de la Unión Europea (UE) y que atañe tanto a la libre circulación de mercancías como a la de servicios, en especial en lo que respecta no tan solo al mercado físico sino al mercado único digital, que está transformando la mayoría de los sectores. Y todo ello compatibilizado con la defensa de los intereses del usuario y del consumidor, que constituyen uno de los ejes.

En una de sus últimas resoluciones, este organismo en el que hay dos eurodiputados españoles, Sergio Gutiérrez Prieto, del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; y Antonio López Istúriz-White, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos); instó a los países a aclarar las zonas grises que provocan diferencias significativas entre los estados miembros debidas a las regulaciones locales y nacionales.

Aunque las materias que se tratan en esta comisión son casi ilimitadas y transversales y van desde la directiva de armas al funcionamiento de las franquicias o medidas para alargar la vida útil de los productos, en la actualidad tanto la digitalización como la economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio, su regulación y la protección de los consumidores en estos ámbitos, ocupan una buena parte del tiempo de los eurodiputados dedicados a estos menesteres.

Economía colaborativa

La semana pasada se debatieron en Estrasburgo dos informes, uno sobre economía colaborativa y otro sobre las plataformas ‘on-line’.

En el 2015, solo las cuatro principales plataformas de este negocio, Uber, Deliveroo, Blablacar y Airbnb movieron en Europa 28.000 millones de euros, casi el doble del ejercicio anterior. Las estimaciones de la Comisión Europea elevan el valor de las transacciones realizadas a través de intermediarios de la economía digital hasta el equivalente al 2,5% del consumo total en la UE, con tendencia creciente.

A juicio de Gutiérrez-Prieto, existen “zonas de consenso” entre los distintos grupos en el Parlamento sobre lo que hay que hacer para ordenar estas actividades, que nacen y se expanden mucho más rápido que la normativa. A pesar del gran desconocimiento existente sobre estas cuestiones y que muchas de las afirmaciones sobre las mismas se basan en grandes principios o voluntades, en cuanto se entra en el detalle y se detectan lo posibles problemas, se detectan ámbitos de acuerdo sobre lo que hay y lo que no hay que hacer en materia de regulación, explica Gutíérrez Prieto.

Lo cierto es que a lo largo de esta legislatura, que va del 2014 al 2019, en todas las cuestiones que se tratan “la prioridad son los consumidores y las pymes, que representan el gran motor del mercado único europeo”, explica López-Istúriz-White.

La Comisión se dedica a eliminar barreras y trabas que permitan a las empresas instalarse en los demás países de la UE y a los ciudadanos viajar, trabajar y vivir en toda la Unión. La gran prioridad es crear condiciones para que el mercado único crezca, se fortalezca y permita generar crecimiento y empleo. “El mercado único digital es el instrumento principal para conseguir ese desarrollo y el de la tecnología 5G, el motor”, agrega el representante del Grupo del Partito Popular Europeo.

A su entender, el 5G “es mucho más que una revolución móvil, es un motor de innovación, que trae el cambio a través de las industrias, el desarrollo de modelos de negocio, la creación de nuevas redes de calidad y servicios de alta calidad, conectando nuevas industrias y mejorando la experiencia del cliente”.

El representante de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas destaca que en la actualidad se tratan de compatibilizar dos temas al abordar estas cuestiones: “seguir profundizando en la desaparición de las barreras en el ámbito de la economía y especialmente de los servicios; pero a la vez supervisar la protección del consumidor y la reducción del dumping social”. La verdad es que a pesar del mercado interior subsisten divergencias entre países, por ejemplo, diferencias salariales.

En la actualidad, la parte más importante de la economía digital es la definición de los distintos modelos. Además, al amparo de economía digital se producen muchos fraudes fiscales, laborales, contenidos ilícitos, atentados al honor de ciudadanos y empresas y otras muchas cuestiones.

Las líneas de trabajo van en cuatro direcciones. La primera se ocupa de trabajar en la regulación “para cubrir los vacíos legales en lo económico o lo comercial”. Se trata de afrontar el reto que suponen las plataformas en línea, que cambian la cadena de valor tradicional y crean una relación triangular entre intermediarios, proveedores y usuarios, que hay que regular, explica el representante del grupo progresista. Está pasando con Uber o Airbnb u otras plataformas del mundo audiovisual.

Otro de los retos consiste en facilitar la capacitación en materia digital para evitar brechas que, a la larga, eleven el desempleo y la exclusión de población del mercado de trabajo en todos los sectores.

Para ello además hay que garantizar las inversiones necesarias, por ejemplo para la implantación del 5G, que deben ser públicas y privadas. “Hay que garantizar que el acceso a internet en alta velocidad y a precios asequibles llega al 100% de la población”, agrega Gutiérrez.

A juicio del representante del grupo popular, es necesario “un marco legal sencillo, modelos flexibles para co-inversiones, certeza y previsibilidad a largo plazo para los inversores”. López Istúriz-White recuerda que esa es la vía que defendió como ponente de la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor para el 5G.

Esta nueva generación para la telefonía móvil, de acuerdo con datos de la Comisión Europea, tiene el potencial de crear 2,3 millones de puestos de trabajo directos e indirectos en toda la Unión, incluyendo en zonas de baja densidad poblacional, llevando el empleo más allá de las grandes ciudades.

Otra vía de trabajo que defiende el grupo progresista son “programas transitorios” para sectores que se puedan ver afectados por la digitalización. Se trata, de hecho, de una reconversión tecnológica parecida a la industrial de principios de los años 80 del siglo pasado. “Los poderes públicos han de pensar en esos programas bien para modernizar a sectores tradicionales como para que puedan apoyar a sectores perjudicados”, agrega.

Las áreas que más preocupan en estos momentos en relación a esta nueva economía son la precarización del empleo. “Es preciso establecer reglas nuevas y claras para evitar nuevos abusos”, afirma Gutiérrez.

Otra cuestión es la fiscalidad. El representante progresista apunta la necesidad de revisar las normas fiscales para suprimir las bolsas de fraude que van naciendo. Un ejemplo, las plataformas de venta de productos de segunda mano, por ejemplo. En Bélgica se exonera de tributar a los primeros 5.000 euros anuales, pero por encima de esa cantidad se pagan impuestos, afirma Gutiérrez. Además está el tema de la propagación de noticias falsas y el discurso del odio a través de las plataformas que las albergan. Esa es otra de las cuestiones que se quieren regular.