La Comisión LIBE es con diferencia la que mayor carga de trabajo soporta y la que tiene más eurodiputados. Sobre sus hombros descansa, entre otros asuntos, la política de refugiados de la UE y la coordinación policial y judicial europea para luchar contra el terrorismo y la criminalidad transnacional.

El Parlamento europeo reúne en una única comisión todos los asuntos relacionados con libertades, justicia e interior. Los 300 millones de personas que viven en la Unión Europea se rigen en esas materias por lo que acuerda la comisión LIBE, que cuenta con más de un centenar de eurodiputados, entre titulares y suplentes. Es una cifra alta que no lo parece tanto si se tiene en cuenta que solo ella soporta entre el 23 y el 24 por ciento de toda la actividad legislativa de la Cámara.

Por sus manos pasa la respuesta que debe dar Europa ante problemas tan dispares como la crisis de refugiados, que desde 2015 llamaron en avalancha a su puerta; los déficit de democracia que se viven en algunos países donde ha triunfado la ultraderecha y el populismo eurófobo, como Hungría y Polonia; la gitanofobia y la LGTBfobia, o la lucha contra el terrorismo, a cuyos ataques indiscriminados Europa solo puede responder mostrándose fuerte y unida.

Para poder hacer su trabajo, de la comisión LIBE pende toda una constelación de agencias de la Unión Europea: la de derechos fundamentales, Eurojust (de cooperación jurídica), Europol (policial), la oficina europea de apoyo al asilo (Easo), Frontex (de la guardia de fronteras y costas) o Cepol (para la formación de la policía europea).

Seguridad europea

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar fue su presidente durante cinco años y la califica de “la expresión más impactante” de la labor legislativa del Parlamento europeo, porque de ella dependen, por ejemplo, las políticas de extranjería, asilo y refugio y la cooperación judicial civil y penal. En este apartado se enmarca la estrategia de seguridad europea en los delitos que más preocupan a la sociedad: el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y cualquier otra forma de criminalidad transnacional.

Sus reglamentos, a diferencia de las disposiciones, no necesitan de transposición por parte de los Estados miembros, ya que son directamente aplicables y vinculantes para todos ellos. Y aunque López Aguilar sostiene que es “irreal” el discurso de que “Europa es lejana”, lamenta que transcurridos 60 años de su constitución, los Estados planteen objeciones a esas políticas comunes y les “dé igual el mal estado de la Unión”, lo que constata en las reuniones semestrales que se producen entre el Parlamento europeo y los nacionales.

Refugiados

La regulación de los procedimientos de asilo y el reasentamiento y reubicación de refugiados se inscribe entre las competencias de LIBE. Es en estos trabajos donde la eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unida, considera que el objetivo de la mayoría de las fuerzas del arco parlamentario es “reforzar una Europa fortaleza”.

En este sentido, López Aguilar recuerda que el Consejo “incumple sus propias decisiones”, porque de las cuotas impuestas a cada país ninguno “ha cumplido ni el 5% del compromiso adquirido”. A España le correspondieron 18.000 y calcula que no habrán llegado más de 1.500. Los que han venido lo han hecho con cuentagotas y la mayoría de ellos procedente de Ucrania y no de Siria, como se preveía en un principio por el alto número de personas que huía de la devastación de la guerra.

“Mientras tanto cientos de miles se embolsan en Grecia e Italia”, país al que se trasladó el problema tras el acuerdo con Turquía y que supone para los refugiados enfrentarse a los peligros que entraña el Mediterráneo para tratar de alcanzar el sueño europeo por la costa italiana. El exministro socialista entiende que esta política europea supone un incumplimiento de los tratados de Lisboa, en los que se estableció que la gestión de los refugiados se rigiera por principios de solidaridad.

Visados en lugar de origen

El trabajo más inmediato de López Aguilar es tratar de evitar ese peligroso viaje a través del mar, controlado por mafias y que tantas muertes ha supuesto, mediante la posibilidad de que se pueda gestionar la expedición de visados para los asilados en los consulados y embajadas de sus países de origen.

De esta forma, las personas que tratan de llegar a Europa sabrían antes de partir si dispondrán de la protección que concede este derecho. En España está previsto para los refugiados, “toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país”.

LGTBfobia y gitanofobia

Entre la labor de la comisión LIBE también figuran informes no legislativos, que nunca se convertirán en reglamentos. Entre ellos destacan los realizados para combatir la LGTBfobia y la gitanofobia. Este último es una vieja reclamación de las asociaciones que representan a la minoría mayoritaria de la Unión Europea que todavía vive en guetos y convive con la discriminación desde el colegio.

La eurodiputada Marina Albiol considera que las recomendaciones que se plasman en estos informes son “un lavado de cara” de la comisión frente a graves problema que afronta Europa. En un debate celebrado esta misma semana en la Cámara europea se quejaba de que los mismos eurodiputados que apoyaban la Recomendación sobre el marco plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, que promueve la igualdad, la no discriminación, la integración de las personas migrantes, la lucha contra la xenofobia y contra la gitanofobia, “hace unas semanas votaban a favor de un informe -ese sí, legislativo- para deportar a las personas migrantes”.

Albiol se preguntaba de qué servía que el marco plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales fuera “estupendo”, si se “continúan construyendo vallas en las fronteras, obligando a las personas trans a la esterilización o segregando a los niños y niñas gitanos en las escuelas”. Su conclusión es que en todo caso servirá “para que parezca” que a los miembros de la Cámara “les preocupan los derechos humanos”.

Retroceso de la democracia

Entre las preocupaciones actuales de la comisión se encuentra el retroceso de libertades experimentado en algunos países europeos, como Hungría y Polonia, tras las victorias electorales de partidos de ultraderecha. López Aguilar, que participó en el grupo de trabajo que se ocupó de este asunto, considera que en cualquier caso “la democracia está retrocediendo en toda Europa”.

En España, sostiene, el proceso “fue brutal” y lo enmarca en las políticas puestas en marcha por el Gobierno del PP cuando gobernaba con mayoría absoluta. Como ejemplo pone las tasas judiciales, el control de los medios públicos, la ‘ley mordaza’ o “la conversión del Tribunal Constitucional en un tribunal de orden público”, por la reforma de su ley reguladora para conferirle la posibilidad de suspender a los cargos públicos que incumplan sus resoluciones, para hacer frente a la “cuestión catalana”. También incluye como muestra de ese retroceso la rebaja sufrida por la justicia universal.

De vuelta a Europa, el eurodiputado socialista lamenta que la crisis haya impuesto ante los problemas que tocan a la comisión la concepción de la mayoría conservadora, lo que ha hecho que “Europa haya abandonado su agenda social y no haga defensa del trabajo” o de los inmigrantes, “problema que no se resolverá por ensalmo” y frente al que se ha puesto en marcha una política que considera “suicida”, que se compromete a combatir.