EEste 2017 debería ser el año de los derechos sociales en la Unión Europea (UE). Al menos ese es el objetivo que se han marcado las instituciones comunitarias y en el que va a jugar un papel importante el Parlamento Europeo (PE) que ha recogido el guante de su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en propuestas sobre empleos, salarios y contratos dignos.

Tras casi una década de profunda crisis, Europa arroja un saldo negativo de paro y pobreza contradictorio con el alto nivel de desarrollo económico alcanzado desde mediados del siglo XX y que fue referencia de derechos sociales para muchos países. Respecto al 2008 hay más paro, menos prestaciones y una negociación colectiva recortada. La Unión Europea cuenta con 508 millones de habitantes, de los 20,06 millones se encuentran en paro, según Eurostat, el 8,2%. Pero la tasa se duplica entre los menores de 25 años y llega al 16,6%.

El paro alcanza al 8,2% de los europeos, pero entre los jóvenes supera el 16%

«La intensidad del ajuste fue equivocado. Las políticas presupuestarias han perjudicado la economía y los servicios públicos», explica Javier López, eurodiputado del PSC, que ha sido uno de los ponentes del informe en el que trabajó todo el año pasado la Comisión de Empleo. Ahora la UE ha vuelto al crecimiento, López señala que «una mejoría macroeconómica no sirve porque no llega a los ciudadanos». «Necesitamos un crecimiento inclusivo y que el pilar social vuelva a ser el alma de Europa que es donde se emplea el 50% del gasto social mundial».

Incertidumbre por el paro

Los diputados elegidos por los ciudadanos europeos en mayo del 2014, han marcado el camino a seguir en un informe aprobado el pasado mes de diciembre por la Comisión de Empleo que se transformó en una resolución del plenario en enero pasado. En ella se advierte de que la Unión debe responder «con rapidez y de forma perceptible a la creciente frustración y preocupación que sienten muchas personas ante unas perspectiva de vida inciertas, el desempleo, el aumento de las desigualdades y la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes».

La Comisión Europea (CE), además, ha anunciado que este año copatrocinará con Suecia una cumbre social de la UE que ya tiene fecha (17 de noviembre), lugar (la ciudad sueca de Gotemburgo) y un lema (Empleos Justos y Crecimiento). Será el colofón tras dos años de debates que permitirá a todos los actores europeos compartir prioridades para las próximas décadas.

Durante el 2016 hubo miles de aportaciones de los sectores involucrados, desde los representantes de los trabajadores, las empresas, instituciones nacionales y expertos europeos, que culminaron en el informe antes citado. Para el Parlamento Europeo el enfoque que adopte en los próximos meses la CE debe tener carácter «estratégico» y no se debe limitar a una mera declaración de principios o buenas intenciones.

«Europa tiene que servir para garantizar condiciones laborales, servicios públicos y solidaridad entre europeos», subraya López, incluido en el Grupo de Socialistas y Demócratas.

Trabajo y pobreza

Entre las múltiples peticiones a las autoridades comunitarias y de los Estados miembros, el PE señala que el pilar europeo de derechos sociales «debe dotar a las personas que viven en la Unión de instrumentos más sólidos para mantener el control sobre sus vidas, que les permitan llevar una vida digna y hacer realidad sus aspiraciones al mitigar los diversos riesgos sociales que surgirán a lo largo de sus vida».

La primera herramienta para lograr estos objetivos es tener un empleo digno con una retribución suficiente. Tras una década de crisis se constata que se puede tener un empleo y ser pobre. De hecho, entre los baremos que utiliza Eurostat, la oficina estadística comunitaria, para medir el nivel de pobreza de los ciudadanos está el llamado intensidad laboral baja, que mide los hogares en los que los adultos trabajan menos del 20% de su capacidad en un año. En esta situación se encuentra uno de cada 10 hogares de la Unión.

Junkers prevé una conferencia de los países de la UE en noviembre para abordar el tema

«El mercado laboral ya no es una fuente de seguridad, estabilidad y bienestar», señala López. En este contexto, el Parlamento Europeo trata de mantener el principio de no discriminación y advierte a los países miembros que tanto las condiciones laborales como la protección de los desempleados deben mantenerse en igualdad de condiciones.

En todo caso, el eurodiputado del PSC señala una red básica que debería poner en marcha la Comisión por igual en todos los estados miembros: una tabla de salarios mínimos, la mejora de la negociación colectiva y un mecanismo de desempleo y prestación por paro que sea común.

Este sistema de protección debe tener en cuenta las nuevas formas de empleo atípicas y no convencionales, como son el teletrabajo, el empleo temporal o parcial, el realizado a través de plataformas digitales y la robotización. A esto hay que añadir, como elementos de la negociación colectiva, que todos los trabajadores estén cubiertos por un seguro contra el desempleo o el empleo a tiempo parcial involuntario que se combinen con el asesoramiento en la búsqueda de trabajo y la inversión en reciclaje y formación profesional.

Los contratos

Los europarlamentarios aplauden la «diversidad» de los contratos de trabajo, pero advierten de los riesgos de la dualidad sobre todo para las personas «atrapadas» año tras año en contratos precarios. Reconocen que puede ser beneficioso para la productividad, la conciliación y las segundas oportunidades laborales, pero advierten de que «implican una inseguridad económica prolongada y malas condiciones de trabajo, y en particular ingresos inferiores y menos estables, además de falta de posibilidades de defender los derechos propios».

De ahí que recuerde la «importancia» que tienen los contratos indefinidos para la seguridad socioeconómica y las ventajas que aportan a los empresarios.

En todo caso, una directiva marco comunitaria como la que se desea poner en marcha este año debe recoger las nuevas formas de empleo que ha dejado la revolución tecnológica del milenio y una formación profesional constante para adaptarse a unos cambios cada vez más rápidos.

El nuevo empleo

En este sentido, el PE se centra en varios aspectos: Que los becarios, trabajadores en prácticas o aprendices realicen su trabajo por un tiempo limitado y no sustituyan al empleo para jóvenes, así como que tengan una retribución digna; que en el caso del trabajo por intermediación de plataformas digitales u otras formas de trabajo por cuenta propia dependiente, debe aclararse el estatus y las responsabilidades básicas de la plataforma, el cliente y la persona que realiza el trabajo; y que los Estados miembros vigilen las condiciones laborales o del contrato de servicios, impidiendo los abusos de posición dominante por parte de las plataformas.

Para lograr estos objetivos la eurocámara pide más inversiones que animen las economías europeas y creen empleo, especialmente de carácter sostenible, reforzar la Iniciativa de Empleo Juvenil y facilitar el acceso al Fondo Social Europeo. Hasta el 2018 se prevé movilizar al menos 315.000 millones de euros en inversiones adicionales en la economía real. Ahora será la Comisión y los gobiernos de cada país los que definan los proyectos contra el desempleo.