La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es una ventana abierta a la ciudadanía. Cualquier ciudadano de la Unión Europea (UE) puede presentar una petición para que la Eurocámara se pronuncie ante un asunto concreto siempre que sea una materia incluida en el ámbito de actuación de la UE. Así, las peticiones contribuyen a detectar infracciones en la aplicación de la legislación europea o violaciones de los derechos ciudadanos por parte de los estados.

Si la petición es admitida a trámite, la Comisión de Peticiones puede tener diversas líneas de actuación: pedir a la Comisión Europea una investigación, transmitir la petición a otras comisiones del Parlamento Europeo y, en los casos más relevantes o con mayor número de quejas, puede presentar un informe completo a la Eurocámara para que sea votado en pleno o incluso efectuar una visita al país o la región de que se trate. Estos viajes se denominan ‘Fact finding visits’ (visitas de inspección).

En la Comisión de Peticiones hay cinco eurodiputados españoles de distintas fuerzas políticas. La mallorquina Rosa Estaràs, del Partido Popular Europeo es la vicepresidenta. El catalán Josep Maria Terricabras, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), adscrito al grupo Verdes/Alianza Libre Europea, es también miembro.

«La Comisión de Peticiones tiene una ventaja respecto a las otras, que es la proximidad a los ciudadanos», explica Terricabras. No es un tribunal y no puede invalidar las decisiones adoptadas por los estados, pero ejerce una considerable influencia que, en ocasiones, puede llevar a corregir la situación que originó la petición. «Lo que podemos hacer es empujar, exigir explicaciones, ejercer presión. Yo creo que el Parlamento Europeo (PE) debería tener más poder; ahora lo tienen los estados. Pero el PE tiene influencia y la hacemos servir», subraya el eurodiputado de ERC.

La competencia

La Comisión de Peticiones se queja de la actitud de la Comisión Europea (CE). «A veces, cuando llega una petición, nos dirigimos previamente a la CE y, demasiado a menudo, nos dicen que el tema en cuestión no es competencia de la UE sino de los estados», se lamenta Terricabras. «Pasa muchas veces que la CE nos dice que no somos competentes y los eurodiputados no estamos de acuerdo», coincide Estaràs.

El Derecho europeo incluye la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Parlamento Europeo «lamenta la interpretación estricta y restrictiva que realiza la CE del artículo 51» de dicha Carta, según consta en el informe sobre las actividades de la Comisión de Peticiones del 2015, el último publicado. Dicho artículo da prioridad a la legislación de los estados.

España encabeza el ránking de los países desde donde llegan más peticiones al Parlamento Europeo (el 14,3% del total en el 2014 y el 12,9% en el 2015). «Esto es bueno, porque significa que se ha hecho una buena difusión de la Comisión de Peticiones. Pero también hay que tener en cuenta que en la mayoría de grupos parlamentarios los coordinadores son españoles», señala Estaràs. Terricabras es más drástico: «O bien los españoles son los más conscientes y más críticos, o bien están más maltratados, o las dos cosas a la vez».

Dos cuestiones motivaron en los últimos años visitas de inspección a territorio español. Una delegación visitó del 8 al 10 de febrero de 2016 el Delta de l’Ebre y la Cuenca del Tajo, y se reunió con las autoridades competentes en política hidrológica. La petición sobre el Delta había sido presentada por la Plataforma en Defensa de l’Ebre. El informe, votado y aprobado por la Comisión de Peticiones en julio de 2016, constituyó un varapalo para los planes del Gobierno de Madrid, al rechazar el plan de cuencas por incumplir la directiva europea del agua. El documento determinó que los planes hidrológicos presentados por el Gobierno español «no cumplen las disposiciones de la Directiva marco sobre el agua» y pidió a la Comisión Europea que «rechace el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca», presentados por Madrid.

Tras su visita al Delta de l’Ebre, los eurodiputados rechazaron el plan de cuencas

Estaràs presentó muchas enmiendas y votó en contra del informe. Cree que la Comisión de Peticiones «está demasiado politizada». «El informe dice cosas que no están contrastadas técnicamente. Yo siempre pido a los miembros de la comisión que no hagan informes muy politizados porque crean falsas expectativas y devalúan la comisión», añade.

A resultas de este proceso, la Comisión Europea está revisando todos los planes hidrológicos españoles y, por filtraciones, se sabe que tiene intención de pronunciarse en la primavera de 2018.

Otra visita de inspección a España se produjo el 22 y 23 de mayo de 2017. Una delegación de la Comisión de Peticiones, presidida por la eurodiputada laborista británica Jude Kirton-Darling, viajó a Madrid para indagar sobre el robo de bebés en España desde 1940 (en plena dictadura franquista) hasta la década de los 90, cuando, pese a haber transcurrido casi dos décadas de democracia, seguían produciéndose casos (el último es de 1996). Tres eurodiputados españoles acompañaron ‘exofficio’ a la delegación oficial, entre ellos Estaràs y Terricabras.

La visita se produjo a raíz de las numerosas quejas al Comité de Peticiones de la Eurocámara. Además de la gravísima violación de los derechos más fundamentales, los peticionarios denunciaban los obstáculos que pone España para permitir el acceso a los archivos y para que la justicia investigue los casos.

Una delegación viajó a Madrid en mayo para indagar sobre el drama de los bebés robados

La primera batalla fue la del nombre de la misión. Inicialmente fue bautizada como lost babies (bebés perdidos) a lo que Terricabras objetó. Al final se adoptó stolen babies (bebés robados). La Comisión Europea dijo que no era competencia de la UE. «Yo también creo que no era competencia nuestra, pero el caso es tan estremecedor que voté a favor de crear la misión», explica Estaràs.

A la espera del informe

La delegación se entrevistó, entre otros, con altos funcionarios del Ministerio de Justicia; con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; con Concepció Ferrer, adjunta a la Defensora del Pueblo; con la Conferencia Episcopal Española y, naturalmente, con algunos de los peticionarios. El informe no se ha publicado aún (se espera para finales de julio o, más probablemente, en septiembre) y todo hace pensar que será demoledor. «Es un caso realmente extraordinario; esto no ha pasado en ningún otro lugar de Europa y además se produjo durante muchos años. Vi que los colegas de la delegación oficial estaban muy impresionados», señala Terricabras. Pero las discrepancias se basan en determinar si se trató de una trama criminal organizada o no.

La mayoría de las peticiones que recibe el Parlamento Europeo están tradicionalmente relacionadas con el de medio ambiente, pero en estos momentos el tema estrella es el brexit y van desde las dudas sobre el programa Erasmus hasta las pensiones y otros muchos. Demuestra que existe una gran inquietud y el Parlamento se hace eco de ello pero sabe que todo esto pertenece al ámbito de la alta negociación política. En cualquier caso, un grupo de 12 eurodiputados (entre los que se encuentra Terricabras), liderado por el liberal Guy Verhofstadt, sigue muy de cerca la negociación. Al fin y al cabo, el acuerdo al que se llegue entre la UE y el Reino Unido, requerirá la aprobación de Parlamento Europeo, que tiene derecho de veto.

¿Es realmente efectiva la Comisión de Peticiones? «Cuando no se politiza es muy efectiva. Es muy activa, ayuda al peticionario, remueve conciencias y hace que se pongan en marcha nuevos instrumentos», concluye Estaràs.