¿Deben los robots tener personalidad jurídica y derechos? ¿Cómo garantizar la portabilidad de series en internet cuando cruzamos una frontera? o ¿qué ocurre con la inmunidad parlamentaria de eurodiputados como la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen? Son algunas de las cuestiones sobre las que trabaja este año 2017 la comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara, responsable de gestionar y legislar sobre todo lo relacionado con la propiedad intelectual, los derechos de autor, la gobernanza corporativa y la legislación comunitaria y una especie de “organismo de control de la seguridad jurídica de las actividades que lleva a cabo la Eurocámara” según su vicepresidenta, la italiana del M5S, Laura Ferrara.

Juri, como se la conoce en la casa, no es una de las comisiones más solicitadas por los eurodiputados. Solo tiene 25 miembros titulares. Nada que ver con los 73 de la comisión de asuntos exteriores o los 60 de justicia e interior. Pero en 2017 se enfrenta a retos –tiene 45 dossieres sobre la mesa- y preguntas importantes. ¿Tienen que llevar los robots que se comercialicen en Europa un botón de la muerte para apagarlos en caso de que se descontrolen o se vuelvan paranóicos? ¿Es necesario adoptar un salario universal para hacer frente a las consencuencias que su implantación puede generar en el mercado laboral europeo? ¿Deben estar asegurados para cubrir los posibles daños que puedan causar a terceros?.

Son algunas de las preguntas que se han empezado a hacer los eurodiputados. El debate ya ha generado controversia desde el punto de vista ético y moral. “Lo primero que hay que decirle a la gente es que un robot no es un ser humano y nunca lo será. Un robot puede mostrar empatía pero nunca sentirá empatía”, sostiene la eurodiputada luxemburguesa y ponente del informe de la comisión de asuntos jurídicos, Maddy Delvaux. Su informe ha recibido luz verde del pleno aunque enmendado y sin incluir las preocupaciones sobre el empleo y la posibilidad de crear una renta mínima que reclama. “El desarrollo de la robótica podría generar grandes cambios, incluida la creación o destrucción de empleo. Queremos que la Comisión siga las tendencias y lance un debate sobre nuevos modelos de empleo y la viabilidad del sistema fiscal y social”, reivindica.

La Comisión Europea, la institución europea que tiene la iniciativa de legislar, no está obligada a seguir las recomendaciones del Parlamento Europeo pero en un plazo máximo de cuatro meses si decide no hacerlo debe explicar los motivos. Si accede las propuestas, en cambio, estas deberían estar sobre la mesa en un plazo máximo de un año. De momento, lo que ha hecho la Eurocámara es abrir una consulta pública, hasta finales de mayo, para recabar la opinión de la sociedad civil sobre los retos éticos, económicos, legales y sociales que suscita el desarrollo de la robótica en el ámbito civil. “Es urgente mantener un debate tan amplio como sea posible y que no se limite al circulo científico y los ingenieros”, insiste Delvaux.

La robótica y la inteligencia artificial se han convertido en los últimos años en una de las tendencias tecnológicas con más futuro y los legisladores europeos consideran que ha llegado el momento de regular este ámbito. Actualmente existen en todo el mundo cerca de 1,7 millones de robots. Desde drones hasta sistemas de conducción inteligentes controlados desde un ordenador, brazos mecánimos utilizados en la industria o en la medicina o simples aparatos para ordeñar vacas o robots domésticos destinados a facilitar tareas en el hogar. Entre 2010 y 2014 las ventas de robots han aumentado un 17% y solo en 2014 lo hicieron nada menos que un 29%.

Netflix sin fronteras

El gran asunto de este año es, sin embargo, la reforma del copyright que busca proteger a los creadores frente a un uso ilegal de contenidos al tiempo que se garantiza la portabilidad de contenidos para los consumidores. Los europeos cada vez consumimos más música, libros, programas, eventos deportivos o películas por internet - el 49% de los europeos - y las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que la tendencia es alza, especialmente una vez que entre en vigor este próximo 15 de junio el fin del roaming.

Según la Unión Europea de Radiodifusión, por ejemplo, el 11% de los hogares europeos tenían una suscripción a un servicio de vídeo a la carta en 2016 –el 54% a Netflix- y la estimación es que la tasa se duplicará para 2020. Pero, ¿qué ocurre cuando viajamos, podemos seguir viendo nuestra serie favorita en Alemania aunque la hayamos contratado en España o seguir accediendo a Spotity o Amazaron Prime.

Hasta ahora lo habitual es que la suscripción se interrumpiera cuando cruzábamos una frontera. Pero en febrero pasado los legisladores europeos –Comisión, Eurocámara y Consejo- llegaron a un acuerdo político para garantizar que en un futuro próximo los contenidos sigan siendo accessibles cuando el cliente se desplace temporalmente a otro país europeo ya sea por vacaciones, negocios o estudios.

Necesitamos un sistema que permita la movilidad” y por eso “la portabilidad resuelve el problema de preservar la territorialidad a la vez que permite la movilidad temporal del contenido al que un ciudadano se haya suscrito en su país”, sostiene el ponente del informe parlamentario, el francés Jean-Marie Cavada. Se trata de uno de los elementos de la nueva estrategia digital europea en la que trabajan Eurocámara y Consejo. El acuerdo sobre la portabilidad de contenidos ya ha sido validado por los gobiernos y por el pleno del Parlamento Europeo y se espera que pueda ser de aplicación en la primera mitad de 2018.

La nueva legislación incluye medidas para que los proveedores de servicios puedan verificar el país de residencia del suscriptor por medio de una identificación electrónica, facturas, información fiscal, dirección postal e incluso la IP del ordenador, aunque tendrán que informar a sus clientes de los métodos utilizados y de las medidas adoptadas para proteger sus datos. Se trata de evitar abusos y de asegurarse de que el cliente no reside de forma permanente en otro país sino que está de forma temporal y que simplemente se lleva su suscripción de vacaciones. Se trata, explica Cavada, de “mantener el equilibrio entre los dos aspectos: los derechos de autor y la libre circulación para los desplazamientos temporales”. La reforma de la estrategia del mercado digital no ha concluido y está previsto que en septiembre la comisión de asuntos jurídicos se pronuncie también sobre la normativa para regular la transmisión de televisión por internet, con la que pretenden que sea más accesible independientemente de las fronteras

Inmunidad parlamentaria

Más allá de la agenda política habitual, la comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara es responsable de velar por el estatuto de los diputados y quien evalúa en primer lugar las solicitudes relacionadas con la inmunidad parlamentaria de los diputados. En la pasada legislatura, por ejemplo, la comisión recibió 43 peticiones, 17 de amparo y 26 de retirada de las cuales el Parlamento terminó aceptando 22. En esta legislatura, la Eurocámara ha recibido hasta el momento 43 y actualmente tiene entre manos, según cuenta Ferrara, ocho casos. “Todos son peculiares y se examinan con el máximo cuidado”, apunta. Lo primero es examinar si la solicitud cumple con los requisitos necesarios para ser admitida a trámite –sin entrar en el fondo- y tras un debate se somete a votación. Si se aprueba el presidente comunica la decisión al afectado y a la institución competente del Estado que cursó la petición. El caso más sonado el de la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen que en marzo perdía la inmunidad tras la petición de la fiscalía francesa por tuitear fotos violentas del Estado Islámico. Sobre la mesa de la Eurocámara tiene dos casos más relacionados con la ultraderechista y uno con su padre Jean-Marie Le Pen.