No legisla tanto como la comisión de asuntos económicos o la de libertades civiles. Sus debates son más filosóficos. Pero la comisión de asuntos constitucionales (AFCO en sus siglas en inglés) es una pieza clave en el engranaje institucional del Parlamento Europeo y este año tiene encima de la mesa expedientes y debates cruciales para el futuro de la Unión Europea. Sus 25 eurodiputados –entre ellos el socialista español Ramón Jauregi, el popular Esteban González Pons o el representante de ERC Josep María Terricabras -jugarán un papel clave en las discusiones del brexit, la reforma de la ley electoral europea, la iniciativa ciudadana europea o la financiación de los partidos políticos europeos.

“No producimos mucha reglamentación que determine cómo debe ser la curva de los plátanos o el tamaño de las ruedas de los coches”, admite la eurodiputada socialista italiana y ex presidenta del Comité de las Regiones, Mercedes Bresso. “Nuestro papel es controlar la efectiva aplicación de los tratados y pensar en cómo mejorar las instituciones de forma que podamos responder a las esperanzas y necesidades de los ciudadanos”, recalca sobre los asuntos en los que trabaja AFCO que “probablemente se convertirán en una realidad institucional dentro una década”.

De esta comisión, que preside la que fuera comisaria de política regional, Danuta Hübner, y plagada de juristas y políticos de prestigio, han salido en el pasado todos los negociadores de la Eurocámara que han participado en las conferencias intergubernamentales sobre la reforma de tratados. De hecho, el coordinador para la salida de Reino Unido de la casa, el jefe de filas de los eurodiputados liberales Guy Verhoftstadt, comparte escaño en ella.

'Brexit', primera patata caliente

El brexit será además la primera patata caliente con la que tengan que bregar. Aunque no juegan ningún papel protagonista en las negociaciones a AFCO es a quien le corresponde monitorizar el proceso de salida. Ha sido y es un expediente central y le prestarán estos próximos meses, subraya Bresso, una atención muy especial porque la responsabilidad principal de la comisión es “proteger los tratados y escrutar que los derechos y las obligaciones que derivan de los mismos se respetan”.

Con este objetivo en mente tienen claro que hay una línea roja que no se puede cruzar: las cuatro libertades recogidas en los tratados . “En otras palabras –sostiene Bresso- Reino Unido no podrá obtener un acuerdo en el que se beneficie de la libre circulación de bienes sin libre circulación de trabajadores. Este principio es un pilar fundamental de nuestra economía y no puede ser diluido de ninguna forma”.

El debate, según Terricabras, -uno de los doce que integran un comité especial de seguimiento al brexit-, se ha calmado desde el año pasado. “Al principio, cuando se produjo, noté una reacción. Hubo algunos que decían ‘caña a Gran Bretaña’ y seamos duros porque ellos han tomado una decisión dura”, explica ,“pero en esta comisión siempre hemos dicho que de venganzas nada porque es una decisión democráticamente adoptada. Nos gustará más o menos pero hay que aceptarla”, añade subrayando que “sería ridículo” ofrecerles unas condiciones tan buenas como las actuales.

Un hombre se cubre con una bandera europea el pasado marzo, en Londres. (AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS)

El jefe de la delegación socialista española considera, no obstante, que el marco de colaboración final tendrá que ser preferencial. “No tenemos más remedio. Al margen de que ahora estemos tensando la cuerda, por lo que llamo pedagogía del coste para no favorecer la emulación de otros países, al final va a haber que hacer una negociación de un acuerdo muy preferente en todos los planos: defensivos, seguridad, terrorismo, comercial, derechos, ciudadanos… Va a haber un acuerdo que va a ser tan proximo que algunos países en el futuro podrían optar por meterse en este marco”, opina sobre un debate que considera tendrán que abordar en el futuro en busca de una “Europa más dinámica y con menos grasa”.

Reparto de escaños

El segundo gran asunto que tendrán este año sobre la mesa es el reparto de escaños en la Eurocámara que, independientemente del brexit, tienen que abordar de cara a la siguiente legislatura. El Tratado fija un máximo de 751 escaños a repartir entre todos los Estados miembros. La salida de Reino Unido obligará a reasignar todos o parte de sus 73 escaños. “La posición muy mayoritaria es no utilizar la totalidad de esos escaños para el reparto”, explica Jauregi. En primer lugar para dejar algunos disponibles por si viene algun otro estado miembros y en segundo para lanzar un mensaje a la opinión pública.

Las posibilidades sobre la mesa son varias. Desde destinar parte a una lista transnacional, tal y como propuso en 2015 Terricabras en el marco de la nueva ley electoral, hasta repartirlos entre algunos países infrarepresentados como es el caso de España o Francia. “Hay que aprobarlo y consensuarlo con el Consejo para que de lugar a que la ley esté aprobada el año que viene, con previsión suficiente a las elecciones de 2019”, explica Jauregi que admite que la lista transnacional con eurodiputados de distintas procedencias tiene muy pocas posiilidades porque hay países que lo rechazan, que no aceptan que los ciudadanos tengan que votar por una lista que no conocen.

Pese a las resistencias que existen en el seno de la cámara defiende la idea, lo mismo que Terricabras que inclusó perdió el debate interno dentro de su grupo político, Verdes/Alianza Libre Europea. “Ha despertado de nuevo la idea aunque no se quiere es que todo el parlamento sea una lista transnacional, pero es un tema importante”, defiende.

Partidos políticos europeos

Otro de los expedientes a los que tendrán que hincarle el diente este año es el reglamento sobre partidos políticos europeos y fundaciones tras la alarma generada este año a cuenta de la financiación de asociaciones y organizaciones de extrema derecha con dinero europeo que ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforma la ley para mejorar el control sobre los fondos europeos. “La verdad es que sí, ha habido bastante alarma tras comprobarse que diferentes asociaciones culturales y fundaciones europeas creadas por partidos neonazis estaban chupando del dinero europeo a través de una organización europea que les permitía acceder a dondos”, admite el socialista vasco. “Viene provocado porque algunos partidos de extrema derecha aprovechan nuestro dinero común para hacer políticas xenófobas y antieruopreas. Esto duele mucho y algo se va a hacer”, añade Terricabras apuntando a una nueva resolución que vota la Eurocámara esta semana.

Sobre la mesa de AFCO este año también estará la iniciativa ciudadana europea. Una herramienta recogida en los tratados y destinada a fomentar la participación directa permitiendo a los ciudadanos presentar iniciativas invitando a las instituciones a legislar pero que ha demostrado lagunas importantes. “Hay que revisarla porque hemos comprobado que tiene poco recorrido. La Comisión Europea siempre argumentos y todo el trabajo que pedimos a los promotores se queda en nada”, lamenta Jauregi. Y es que, aunque ha habido cientos de propuestas, hay muy pocas que han llegado al umbral de firmas necesarias y todavía menos las que han conseguido superar la barrera de la Comisión. “Las limitaciones pueden ser frustrantes” y “los problemas de procedimiento podrían ser corregidos” opina Bresso.

Hübner coincide en que lo importante es restablecer la confianza de los europeos en el proyecto europeo y apunta que para ello “es indispensable darle una atención especial a las preocupaciones de los ciudadanos” y para ello una herramienta indispensable es “la iniciativa ciudadana europea” en la que promete trabajar para hacer que “funcione correctamente”.