"La vivienda en España"

La vivienda en España está atrapada en una telaraña fiscal que encarece cada fase. En la construcción, la promotora paga IVA sobre materiales y servicios, ICIO municipal, tasas urbanísticas y costes de notaría y registro. Además, la declaración de obra nueva y la división horizontal son imprescindibles para poder vender los pisos por separado, lo que genera más gastos registrales, encareciendo artificialmente cada vivienda antes de que nadie la compre.

En mi caso, comprando un piso de segunda mano en Catalunya de 78 m² por 240.000 €, el 10% de ITP (24.000 €) y unos 2.000 € de notaría y registro hacen que el desembolso real fuese de 266.000 €. Para venderlo y no perder dinero, tendría que pedir alrededor de 290.000 €, solo para recuperar lo invertido en impuestos y gastos, sin contar comisiones de la inmobiliaria.

Mientras tanto, el 7,5% de los ingresos fiscales del Estado provienen de gravar la vivienda, destinando apenas un 0,5% a políticas públicas de vivienda. La vivienda, ya construida o por construir, se ve obligada a subir de precio constantemente para que no se pierda dinero, evidenciando una inflación artificial impulsada por impuestos, tasas y la presión de intermediarios. Y, curiosamente, mucha gente solo recuerda el supuesto “derecho constitucional a la vivienda” para reclamarle a lo privado, nunca para cuestionar al Estado que se beneficia sistemáticamente de esta estructura.