Villarejo: burocracia pública y corrupción

La Ley 7/07 reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, pese a ser un mandato constitucional directo, se elaboró y se consensuó tarde y casi en secreto, por referirse a un grupo de trabajadores poco apreciados socialmente y supuestamente privilegiados, como aparecemos, para el imaginario colectivo, los empleados públicos.

Aún sabiendo que el buen funcionamiento de toda comunidad exige una gestión racionalizada del poder, y que resulta indispensable disponer de un conjunto funcionarial suficiente, capaz e independiente, se ha apostado por facilitar la utilización partidaria del estado e iniciar la liquidación acelerada de la burocracia pública. No se trataba de reformar nada, sino de exigir a los burócratas que abran paso a los emprendedores, que en lo público y según el último Estatuto (RDL 5/15), siguen siendo: "el personal eventual de confianza, los directivos profesionales contratados y los puestos de libre designación". Todos ellos múltiples villarejos de quita y pon.

Se consolidó una cuestión vergonzante que arrastra España desde 1939: la irresistible tendencia de los partidos políticos (único hasta 1976 o en alternancia desde entonces) a confundirse con el estado mismo, impidiéndonos a los burócratas que lo seamos verdaderamente. No existirán servicios públicos de calidad -policía, justicia, educación, universidades, sanidad, transporte...- sin burocracias políticamente neutras y técnicamente eficientes, como tampoco puede haber un estado fuerte con partidos políticos empeñados en adueñarse de la estructura estatal para garantizar sus propios intereses y los de sus financiadores/corruptores.