"Cuando las víctimas juzgan"

El Partido Popular propone que las víctimas de ETA tengan voz sobre la situación penitenciaria de los presos de la banda. Es esta una vieja pretensión demagógica del partido conservador: dar a determinadas víctimas la legitimación activa para que, cuando haya una resolución de la administración penitenciaria o del juez de vigilancia y crea que afecte a sus intereses, pueda personarse y recurrirlas.

Olvida Pablo Casado que la privación de libertad, cuya ejecución exige garantía jurídica plena, es un recurso para la administración de justicia. Se trata de “ejecutar lo juzgado”, y nadie puede ir más allá sin violentar derechos humanos fundamentales. El derecho penal moderno es prevención general o amenaza universal contra los posibles infractores y es también retribución para resarcir por el mal causado, pero no a los individuos sino a la sociedad, que defiende con cada condena su soberanía. No podemos convertir el servicio público penitenciario en un lugar para la venganza personal, dándole así un cometido que el derecho penal repudia.

El sistema español de cumplimiento de penas privativas de libertad es progresivo, no cabe la recriminación permanente, el mandato constitucional exige a la sociedad, y sobre todo a los profesionales penitenciarios, encontrar las posibilidades que tienen los internos para reinsertarse en libertad, en función de los sentimientos autocríticos que se hayan verificado en los mismos con respecto al delito cometido. Es una tarea muy compleja, que exige garantizar absolutamente todos los derechos de los que no haya sido privado el interno por la condena. Nadie puede cuestionar esos derechos, ni siquiera la víctima, cuyo resarcimiento personal debe articularse en ámbitos administrativos de apoyo y atención propios y distintos al penitenciario.