El vergonzoso pleno sobre la prisión permanente en el Congreso

Del inútil pleno del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados acerca de las pensiones, pasamos a otro aún más vergonzoso este jueves sobre la prisión permanente revisable. Primer y mayúsculo error: no haber suspendido el debate en plena conmoción por los últimos acontecimientos y en caliente, que aún estando programado de antemano, no menos cierta es la inoportunidad de su celebración habiendo transcurrido apenas cuatro días desde la aparición del cuerpo sin vida de Gabriel Cruz. Segundo y gravísimo error: la invitación a los familiares de víctimas a ese pleno que ya se presumía bronco, doloroso e incómodo para algunas de las formaciones políticas dada la coyuntura excepcional del momento.

Se ha acusado a Juan Carlos Campo, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso, de menospreciar a las víctimas al defender la postura del partido, pero la realidad es que PP y Ciudadanos hicieron un uso partidista absolutamente escandaloso en dicho pleno, en el que el portavoz popular, Bermúdez de Castro, dirigiéndose a la bancada socialista, les retaba a que elevaran la vista hacia la tribuna donde se hallaban los familiares cuando expusieran su posición de derogar la norma. ¿Y que más decir de Ciudadanos?, que en pocos días ha cambiado su postura: de pedir la derogación a que se mantenga, e incluso, se endurezca. El uso electoralista de un tema tan delicado y que toca el corazón de muchas familias dice muy poco en favor de ciertos políticos de este país.

Los familiares de las víctimas -dicho con todos mis respetos y comprendiendo sus motivaciones- no deben ni pueden erigirse en impulsores de leyes o normas que exclusivamente competen a la representación popular: el Congreso de los Diputados. El familiar de una víctima no está legitimado para mandar callar a un diputado por expresar la posición de su grupo sobre una medida concreta que, además, tiene todos los visos de inconstitucional y contraria al estado de derecho.

La sensibilidad y comprensión hacia las victimas de casos tan escabrosos como los vividos en los últimos tiempos -con cobertura mediática extraordinaria en alguno de ellos y de ahí la alarma social- no es incompatible con el sentido común ni el deber del Estado, que no es otro que el de velar por que se cumplan las normas democráticas y de convivencia, y ahí se incluye un modelo punitivo justo y acorde a nuestro sistema constitucional.