Solidaridad intergeneracional con las pensiones

Manifestacion de jubilados ante el Congreso de los Diputados, este 18 de enero del 2018.  

Manifestacion de jubilados ante el Congreso de los Diputados, este 18 de enero del 2018.   / JOSE LUIS ROCA

Mario Martín

Mario Martín

Corría el año 1985 y el gobierno socialista presidido por Felipe González se abocaba, por primera vez, a una huelga general, finalmente celebrada el 20-J, auspiciada por los sindicatos, impulsada especialmente por el líder obrero Marcelino Camacho. La razón fue la aprobación de una Ley de Pensiones que modificaba el sistema hasta entonces imperante, ampliando el periodo de cálculo de los, hasta entonces, dos años, hasta ocho; además de exigir un periodo de cotización de diez años.

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Sobre el modelo anterior, en 1990, se instituyeron las pensiones no contributivas para mayores de 65 años y personas que, aún no alcanzado dicha edad, fueran incapacitadas, reconociéndoles sus derechos en materia de pensiones, con independencia de su historial laboral. En 1997, a pesar de estar en pleno ciclo expansivo, se volvió a reformar el sistema, con nuevas exigencias en forma de elevar los años de cálculo hasta los quince; y en 2011 se elevó la edad de jubilación hasta los 67 años, desde los 65, aprobándose una nueva ampliación, de nuevo, del periodo de cálculo hasta 25 años, a través de un tiempo de transito que se culminará en 2022.

En poco más de treinta años el sistema de pensiones español ha pasado de calcular las prestaciones de quienes alcanzan la edad de jubilación en base a los dos últimos años cotizados en activo, a que el Gobierno de Rajoy proponga ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral del trabajador, lo cual, según los expertos, reducirán las prestaciones de quienes llevan cotizando más de cuarenta años, en una horquilla entre el 30% y el 40% sobre sus pensiones, con el agravante añadido de que el tope máximo diseñado por Felipe González, ha sido exprimido por Rajoy, protagonizando, de forma exclusiva en su mandato, que la diferencia, a menos, entre la pensión máxima y la base máxima de cotización, haya pasado del 9% al 20%.

Empecé a trabajar en 1974, por lo que llevo cotizando, ininterrumpidamente, casi 44 años; mi grano hizo granero para pagar las pensiones de quienes se jubilaron de acuerdo a las condiciones de la Ley de 1967. Así como las amparadas por la reforma del año 1985 y las sucesivas de 1997 y 2011; y también contribuyó a la solidaridad con las pensiones no contributivas reconocidas en 1990; la pregunta que yo me hago ahora es si encontraré la misma solidaridad intergeneracional, llegado el momento, de vulnerabilidad, de mi jubilación, porque, visto lo visto, el único objetivo parece el diseño de cualquier artificio que sea capaz de rebajar, a mí y a toda mi generación, lo que creíamos derechos ciertos, sea a base reducciones por mil motivos, por el impacto de nuevos topes o, simplemente, porque no hay de donde sacar.

En la diatriba entre si el modelo de pensiones debe ser de reparto o de capitalización, el imperante en España se desliza, de forma insistente, hacia un modelo puramente asistencial, dónde todos cobren más o menos lo mismo, al margen de lo que cada uno haya cotizado. En contraposición, destacan otros países, como algunos nórdicos, donde cada ciudadano tiene información sobre su aportación al sistema de pensiones, a lo largo de toda su vida laboral, a través de cuentas nacionales individualizadas, aportando certidumbre.

¡Atentos a las nuevas variaciones a implantar sobre el sistema de pensiones en España! Miedo da pensar en ellas.

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