Situación inédita en el Congreso: cuando legalidad y democracia han dejado de ir de la mano

La constitución de las nuevas Cortes nos ha confrontado a una situación inédita en el Congreso: cuatro diputados electos se encuentran en prisión preventiva (por ende, inocentes aún) y han de ser trasladados a las sesiones parlamentarias en furgones policiales desde el centro penitenciario en el que cumplen dicha medida cautelar.

Mientras el Gobierno se cuida muy mucho de no ofrecer imágenes que puedan abochornar a España en el exterior y los medios de comunicación siguen a pies juntillas la consigna vigilando que el material gráfico que divulgan sea lo más aséptico posible, la mesa del Congreso echa balones fuera sobre la suspensión de Junqueras, Turull o Jordi Sànchez, pasando la patata caliente al Tribunal Supremo. Si bien el reglamento del Congreso y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parecen avalar que se prescinda de estos soberanistas, el hecho de que cientos de miles de votantes los hayan escogido para ser su voz en Madrid (a sabiendas de su situación judicial) quizás dé pie a darle una vuelta más al asunto.

Como ocurre a menudo con el derecho y la justicia, legalidad y democracia han dejado de caminar de la mano en el problema catalán. Un pronto reencuentro de esas dos caras de la misma moneda llenaría de alivio a muchos ciudadanos de este país.