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"¿Promueve el ministro de Seguridad Social utilizar el 'fuera de plazo'?"
Pleno del Congreso , en la imagen el ministro de Inclusión , Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. /
La falta de presentación de documentos, así como el pago de deuda fuera de plazo determinan la aplicación de recargos e intereses de demora para todo ciudadano. Así lo establece la Ley de la Seguridad Social. Sin embargo, el propio ministro de Seguridad Social ha incurrido en la falta de presentación de documentos fuera de plazo. Efectivamente, el día 18 del presente mes de febrero vencía el plazo fijado y aprobado, primero por el Pacto de Toledo y después por el Congreso de Diputados, para que el ministro entregara el informe definitivo sobre la eliminación de los coeficientes reductores que sufre el colectivo de personas jubiladas de forma anticipada con largas carreras de cotización. Ningún informe al respecto ha sido presentado hasta la fecha.
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¿Está promoviendo el ministro que los ciudadanos utilicemos el "fuera de plazo" con la Seguridad Social a partir de ahora? Está sentando un precedente peligroso, ¿o actúa como si tuviera patente de corso?
Todo muy lamentable. El ministro Escrivá tiene todos los datos en su poder para presentar el citado informe. Sus más de seis años al frente del AIREF y más de un año como ministro así lo acreditan.
Catorce Parlamentos autonómicos, Congreso y Senado, por medio de proyectos no de ley y mociones han aprobado ya la eliminación de esos coeficientes reductores para personas con 40 o más años cotizados. ¿A qué está esperando el Gobierno para derogar esa Ley injusta?, ¿a qué esperan el Pacto de Toledo y el Congreso de Diputados para reprobar al Ministro por su manifiesto incumplimiento en los plazos?
La legislación española relativa a pensiones ha sufrido varios varapalos desde el Tribunal de Justicia Europeo que han obligado a cambios legales por ser normativa discriminatoria. La injusticia de los coeficientes reductores a personas jubiladas de forma anticipada con largas carreras de cotización podría ser otro vergonzante y humillante revés para la legislación española, salvo que el Gobierno ponga solución inmediata.
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Malena Serradilla Cornellà de Llobregat
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