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"Se premia la mala gestión de fondos públicos en detrimento de necesidades ciudadanas esenciales"

Residencia de mayores en Horta Guinardó.

Residencia de mayores en Horta Guinardó. / CARLES MONTANYÉS

Tras arduas y tensas negociaciones, finalmente Pedro Sánchez ha logrado la ansiada investidura de la presidencia del Gobierno, cediendo a las exigencias de Puigdemont, en particular, la ley de amnistía. Ley que, según la propuesta presentada, en solitario, por el PSOE, no solo incluye los llamados delitos políticos sino también otros encuadrables en la malversación de fondos públicos y en la corrupción. El común denominador, el componente subjetivo, los amigos, los compañeros de andanzas e incluso el abogado defensor del expresidente de la Generalitat de Catalunya, letrado acusado por delito de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico. Es una muestra palmaria, indigna e indecente de una amnistía a la carta, amical, que lastrará la legislatura.

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Por otra parte, mientras cientos de españoles figuran en la lista de espera de las prestaciones y ayudas a la dependencia, e incluso, algunos, aguardando, ya han fallecido, y otros esperan ayudas perentorias por enfermedades como la ELA, estando la ley bloqueada se anuncia que se va a condonar la multimillonaria deuda contraída por el Gobierno catalán. Es decir, se premia la mala gestión de los fondos públicos, e incluso el uso desviado, en detrimento de las necesidades esenciales y prioritarias de la ciudadanía y enfermos. ¿Dónde quedan los postulados de un Estado social y democrático de derecho y el principio de igualdad ante la ley?

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