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Por el derecho a emigrar

Un grupo de emigrantes protesta en un campo de refugiados en la isla de Lesbos. 

Un grupo de emigrantes protesta en un campo de refugiados en la isla de Lesbos.  / AP / PETROS GIANNAKOURIS

Las fotos de las portadas de los periódicos son solo el reflejo débil y amargo de una realidad social como es la de la migración forzosa; que parecemos recordar únicamente cuando nos encontramos ante hechos tan crudos como los que se recogen gráficamente sobre el papel impreso. Por egoísmo colectivo tendemos a olvidar las causas que originan la decisión de cientos de miles de personas de marchar y de forzar las fronteras, nos conformamos con nuestro bienestar y cerramos los ojos ante la desigualdad y la injusticia, esto es una garantía de que en el futuro nos enfrentaremos a la misma situación. La UE, impulsada por Francia Alemania, va a endurecer la política migratoria, pero nunca hubo tal política comunitaria; el mercado laboral ha sido siempre el inhumano regulador que marca el ritmo de llegada y las condiciones de permanencia de los inmigrantes entre nosotros.

La necesidad de adoptar medidas de urgencia para hacer frente a lo que está sucediendo en las fronteras de Europa, no es incompatible ni puede sustituir al compromiso real de abordar las causas que originan los movimientos migratorios actuales. El diagnóstico sobre éstas causas nos lleva en la mayoría de los casos a confirmar que son los desequilibrios y las diferencias socioeconómicas y políticas entre países -que además son claramente percibidas cotidiana y personalmente por quienes desean partir, incluso arriesgando la propia vida, en busca de un trabajo digno-, los que dan lugar a movimientos migratorios que difícilmente pueden ser calificados de voluntarios. Migraciones forzadas y efecto huida de los países de origen, para ser contrarrestados requieren medidas que equilibren la distribución de la riqueza y garanticen la participación equitativa en los beneficios de la globalización.

Sin embargo estos marcos aceptados de diagnóstico y medidas que, tanto Gobiernos como organizaciones en las que se vertebra la sociedad, defendemos y apoyamos, se convierten en meros aparatos teóricos cuando la realidad se presenta con tanta crudeza como en los últimos días. Cuando nos llega la hora de aplicarlos y abordar tanto las situaciones de urgencia como los problemas de fondo, luchamos únicamente contra el síntoma que supone la violación de la frontera y posponemos para otro momento la lucha contra la enfermedad que representa la pobreza, esperando que sean otros quienes asuman los compromisos y responsabilidades necesarios para reducir las diferencias de desarrollo.

Nadie asume el compromiso internacional imprescindible para reducir los niveles de pobreza en el mundo, creando oportunidades que equilibren la distribución de la riqueza, y que deje de considerarse este un objetivo como algo utópico, que en realidad creemos del todo punto irrealizable. La lucha contra la pobreza, la democratización de las sociedades, la creación de trabajo decente, allí donde viven las personas no son  producto de mentes ingenuas. Son objetivos necesarios hacia los que hay que tender, para que la emigración voluntaria, como opción personal, se convierta en un nuevo Derecho Humano cumplidos los tres primeros lustros del siglo XXI.

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