"Si un político defrauda, debe devolverlo, desde su patrimonio, bienes, o desde cualquier parte del mundo"

Exigimos justicia fiscal, sin privilegios ni excepciones. Cuando un político defrauda y traslada su residencia a Japón o cualquier otro país, debe ser investigado por la Agencia Tributaria, la Fiscalía o el organismo competente. El dinero sustraído a los españoles no puede quedar impune, y las autoridades -dentro y fuera de España- tienen la responsabilidad de actuar con firmeza y recuperar lo robado.

Es inaceptable que Hacienda inspeccione con rigor a autónomos y clases medias, mientras ciertos cargos públicos se escudan en cuentas extranjeras para eludir responsabilidades. Vivir como millonarios a costa del erario no debería ser una opción. Además, el actual marco del derecho internacional, en muchos casos, permite que estos individuos se amparen en tratados y vacíos legales para evitar la devolución de lo malversado.

Esta protección jurídica, pensada para garantizar derechos, no puede seguir sirviendo de escudo para quienes han traicionado la confianza pública. Es urgente revisar y reformar los instrumentos internacionales para que no perpetúen la impunidad. Y si los órganos encargados de controlar, investigar o sancionar no actúan con imparcialidad, deben ser también objeto de supervisión.

Ningún organismo está libre de caer en la corrupción. No importa la ideología del responsable. Sea quien sea el que roba debe devolverlo. Desde su patrimonio, desde sus bienes en España, o desde cualquier parte del mundo. La justicia fiscal debe ser equitativa, firme y sin excepciones.