Personas vulnerables desamparadas en Barcelona

EL 6 de noviembre los Mossos d'Esquadra encontraron muerto en Igualada a un chico de Guinea, al parecer se suicidó por la desesperación de ser expulsado de un centro de menores.

La línea argumental de la historia es esta: la Conselleria d'Afers Socials de la Generalitat concierta a una cooperativa para proteger al menor, y contraviniendo las recomendaciones de las Naciones Unidas se realizan unas pruebas discutibles para determinar que el chico no es menor, provocando que sea expulsado del centro de menores. Esta situación es muy parecida a la que sucede con enfermos mentales sin recursos que están en la indigencia en Barcelona, la Conselleria d'Afers Socials concierta fundaciones privadas para protegerles, pero no les obliga a tener recursos residenciales propios, y ni la fiscalía ni los juzgados actúan de oficio contra estas instituciones, a pesar de que esto contraviene las Convención de Nueva York de derechos de personas discapacitadas. Según la Fundación Arrels, en el 2018 murieron en Barcelona 59 personas sin hogar, y según los laboratorios ADAMED muchas de estas personas sufre alguna patología mental. 

Entre la triste historia de Omar y las de muchas personas discapacitadas en las calles de Barcelona hay paralelismos, la Generalitat utiliza instituciones privadas para tutelarlas y a veces van a parar a la calle. El Poder Judicial no actúa contra estas instituciones cuando estas personas vulnerables quedan desasistidas, y el Síndic de Greuges no puede actuar sobre ellas al ser instituciones privadas.

La Conselleria d'Afers Socials y el Poder Judicial no están funcionando para amparar a personas en vulnerabilidad extrema. Esta situación no solo apunta a la clase política que gobierna, sino sobre todo a la oposición, ¿qué piensan hacer? En Estados Unidos quieren un 'impeachment' para Trump por sus tejemanejes con Ucrania, ¿aquí nadie hará preguntas al respecto?