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La neutralidad exigible al Jefe de Estado: "No puede tener opiniones políticas"

EFE / BALLESTEROS

Pedro Sánchez y Felipe VI, en el despacho de verano en Marivent del 2018.

Jesús Pichel MartínMadrid

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Miércoles, 14 de agosto del 2019 - 08:00 h

El ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, como cualquier otro ciudadano, puede tener opiniones políticas y sin duda las tendrá. El Rey Felipe VI, Jefe del Estado, no. Y si las tiene, debe guardárselas para sí.

Como no es posible distinguir uno de otro, se entiende que cuando habla Felipe de Borbón, habla Felipe VI, o sea, el Rey que no puede tener opiniones políticas ni preferencias ideológicas porque debe ser estricta y escrupulosamente neutral, como manda la Constitución.

Constitucionalmente, el Rey es, según el artículo 56.1CE, el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Y en el artículo 62CE se describen las diez funciones atribuidas (sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes, proponer candidato, nombrar a los miembros del gobierno a propuesta del Presidente del Gobierno, etcétera). Manifestar sus preferencias políticas no aparece en ninguna de esas específicas diez funciones.

La posible convocatoria de nuevas elecciones, si no se alcanzara algún acuerdo de investidura antes del 23 de septiembre, es una opción política estrictamente constitucional y perfectamente legítima que pudiera ser defendida ideológicamente por algún partido. Que el Jefe del Estado intervenga en el desarrollo político actual diciendo lo que él prefiere (que no se convoquen nuevas elecciones) es una intromisión que desborda sus funciones constitucionales.

Y no es la primera vez. Ya ocurrió otro tanto en aquel más que polémico discurso del 3 de octubre de 2017, más propio de un presidente del Gobierno que de un Jefe del Estado que, si lo es de todos, debe ser escrupulosamente neutral en su papel de arbitraje.

No hay dos sin tres, dice el dicho popular. Pues esperemos que no se cumpla.

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