07 ago 2020

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"Las cuestionables políticas sociales españolas se reflejan en el nuevo informe del relator de la ONU"

Santiago Ortiz Lerín

Sintecho en Valencia.

Sintecho en Valencia. / MIGUEL LORENZO

El 6 de julio se publicó en prensa el informe del relator de la ONU de extrema pobreza y derechos humanos en España, Philip Alston. El 26,1% de la población española -12 millones- es vulnerable, a pesar de tratarse del cuarto PIB de la UE. Se dice que hay un 2,5% de vivienda social frente al 30% en Holanda, y que España apenas recauda el 35% de PIB en impuestos frente al 41,7% de media europea, lo que afecta al sistema de asistencia social.

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Por otro lado, Alston menciona la grave situación de chabolismo en la provincia de Huelva. Su sucesor, Olivier De Schutter, recomendó a España reducir la burocracia y ampliar el número de beneficiarios en políticas sociales. Durante el estado de alarma se ha publicado que en diferentes ciudades españolas se han habilitado recursos para que las personas sin hogar no quedasen confinadas en calles desiertas. No obstante, estos recursos han sido insuficientes y ha provocado que muchas personas sin hogar hayan dormido al raso, y algunos mendigado alimentos en la puerta de supermercados por haberse reducido los recursos habituales.

Las cifras estatales de personas en estas circunstancias y el número anual de fallecidos en situación de exclusión parecen un secreto de Estado, pues solo se publican cifras de alguna ciudad importante y el goteo en prensa de víctimas desperdigadas por el país. Entre 2006 y 2012 '20 Minutos' publicó 473 muertos en España -27% por agresiones-, y entre 2016 y 2019 se publicó 192 muertos solo en Barcelona, con un incremento de casi el 60% de 2016 a 2017. La noticia más extrema fue en 2013, en Sevilla, un indigente de 23 años murió con 30 kilos de peso.

Ningunear esta situación deforma la realidad en España y oculta políticas cuestionables. El Estado es el último responsable del alcance de políticas sociales y sanitarias, aunque estas están transferidas a las autonomías y los ayuntamientos sin la prioridad y responsabilidad suficiente al tratarse de un asunto humanitario y de derechos fundamentales.

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