La ética del colegio de administradores de fincas

Poseo una vivienda en una comunidad de pocos vecinos, en Barcelona. Para aprovechar el espacio comunitario se construyeron unas terrazas, lo que supuso ampliación de vivienda y alteración de los coeficientes del catastro. En la comunidad existe el típico vecino que, aprovechando la estrategia de su vivienda, hace un uso particular, bloqueando con una puerta un espacio comunitario.

Este vecino, que además es el presidente de la comunidad desde hace años, contrató un administrador colegiado para que la comunidad contara con el debido asesoramiento legal, lo que nos ha llevado a una situación digna de una película de los Marx. Se decidió pagar los gastos comunitarios según coeficiente, pero sin haber actualizados los coeficientes originales, tras haber ampliado la vivienda.

Los metros cuadrados de que disfruto, incluyendo zonas comunes, son 82 y mi recibo es de 252 euros. El vecino citado tiene dos viviendas con un total de 113 metros cuadrados y sus recibos suman 240. Este disparatado baremo se utiliza también para las derramas y gastos extraordinarios.

La situación ha provocado una acumulación de impagados que se arrastran durante más de un año, por lo que mis propuestas al administrador han sido las lógicas: actualizar los coeficientes, adaptar los recibos a la realidad o presentar denuncia judicial por impago. Por algún oscuro motivo el administrador no actua.

Ante la falta de soluciones puse todo ello en conocimiento del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona- Lleida. Su departamento de ética me ha contestado recientemente. La actuación de su colegiado es la correcta.