30 mar 2020

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La deontología funeraria que sucumbe al lucro sin escrúpulos

Manuel Monterde Sánchez

Manuel Monterde Sánchez

La nueva ordenanza tiene el objetivo de favorecer la competencia y reducir los precios.

La nueva ordenanza tiene el objetivo de favorecer la competencia y reducir los precios. / AYUNTAMIENTO BARCELONA

Leo en la página web del Ayuntamiento de Barcelona que, el pasado miércoles 31 de octubre, la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el concejal de Presidencia, Eloi Badia, presentaron un "protocolo de buenas prácticas de información sobre servicios funerarios en centros sanitarios y residenciales y a personal que asiste casos de defunción en domicilio".

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Este protocolo me suena a música celestial. Ya existen en teoría muchas actividades comerciales con protocolos escritos que en la práctica no siempre se corresponden con esa buena voluntad. La deontología sucumbe al lucro sin escrúpulos en momentos de extrema vulnerabilidad para las familias. Así lo manifesté en una carta dirigida a Ada Colau el pasado febrero: 'El llaminer pastís de la mort a Barcelona'.

Lo realmente eficaz sería detectar las infracciones (las malas prácticas) y aplicar severas sanciones a funerarias, hospitales, residencias, personal sanitario y otros agentes sociales responsables de no informar del derecho a la libre elección que tenemos las familias y de ocultar los servicios más económicos. En caso de reiteración, se tendría que llegar incluso a la anulación de la licencia a la empresa funeraria. Esa sería la obligación que los responsables municipales deberían ejercen para defender los derechos de los usuarios de un servicio que mueve demasiado dinero en un momento emocionalmente difícil para las familias. Lo digo por experiencia.

Resulta aberrante y perverso ver que en algunos hospitales haya oficinas funerarias y comerciales que campan a sus anchas. Lo pude comprobar en el Hospital Vall d'Hebron, donde Mémora y Áltima tenían sendas oficinas en las cuales se publicitaban. ¿Cómo se puede permitir eso? La presencia de comerciales de ese duopolio limita la sana competencia de otras empresas, fomenta descaradamente el dirigismo y atenta contra la libre elección de las familias.

Los convenios de exclusividad en la retirada de cadáveres, denunciados reiteradamente por la Asociación Esfune, entre más de 300 centros de Barcelona y la funeraria Mémora son un ejemplo de esa colaboración inmoral y puramente comercial. ¿Acaso no hay infracciones en esas prácticas? Si no hay voluntad política para hacerlos cumplir, los protocolos de buenas prácticas son inútiles, tan solo buenistas y postureros. Quedan como patéticos residuos de buenas intenciones. Solo sirven para evidenciar aún más los abusos y la miopía e ineptitud política.

El Ayuntamiento de Barcelona es, según la Ley Funeraria Catalana 2/1997 (art. 13), el encargado de realizar la instrucción y sanción de la práctica dirigista "verbal y por escrito" que sufrí hace dos años por parte del Hospital Sociosanitario Mutuam Güell hacia Serveis Funeraris de Barcelona (Mémora). Tienen constancia de mi denuncia desde diciembre de 2016 y también de una segunda que registré en agosto de 2018.

El tiempo ha pasado y no he visto ninguna respuesta efectiva al respecto por parte del Ayuntamiento presidido por la señora Ada Colau.

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